La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general —por unanimidad de 456 votos a favor— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una reforma de amplio alcance que busca establecer una sola definición y un solo tipo penal para este delito en los tres niveles de gobierno.
El dictamen reforma la fracción XXI del artículo 73 constitucional y modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Durante la presentación del documento, el presidente de la Comisión de Justicia y legislador de Morena, Julio César Moreno Rivera, destacó que lo esencial de la nueva norma es que la extorsión será investigada y perseguida de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
El dictamen establece penas de prisión de 6 a 15 años, que pueden aumentar hasta 25 años en casos agravados, además de multas que alcanzan los 56 mil 500 pesos.
Entre las 34 agravantes incluidas se contemplan las extorsiones telefónicas, digitales, en redes sociales y desde los penales, así como prácticas como los “montachoques” y los préstamos “gota a gota”.
La ley también ordena el bloqueo inmediato de números telefónicos utilizados para extorsionar, con la colaboración de las empresas de telecomunicaciones. Con ello, explicó el diputado, se busca “atacar el corazón de la impunidad digital” y frenar las operaciones que se realizan desde los centros penitenciarios.
Los funcionarios públicos que participen en este delito recibirán sanciones más altas, al considerarse una traición al pueblo desde el poder.
Durante la discusión, los grupos parlamentarios acordaron aprobar una reserva conjunta presentada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, que modera las penas para servidores públicos —policías, ministerios públicos o custodios— que no denuncien actos de extorsión. En lugar de las penas de 10 a 20 años propuestas originalmente, la sanción será de 5 a 10 años de prisión.
Asimismo, se precisó que la extinción de dominio no procederá sobre bienes ya decomisados o abandonados en favor del Estado mediante sentencia firme.
Posiciones de los grupos parlamentarios
Durante el debate, legisladores del PAN y PRI propusieron aumentar las sanciones básicas previstas en la ley y advirtieron posibles afectaciones a la operación sindical. El diputado César Alejandro Domínguez (PRI) alertó que una de las agravantes podría “impactar negativamente en las organizaciones laborales” al sancionar la coacción ejercida “por representación de un sindicato o agrupación”.
Por su parte, la diputada Mary Carmen Bernal (PT) reconoció que el texto “puede perfeccionarse” conforme se aplique y adelantó que su bancada propondrá una adición al artículo 15 para castigar también la tentativa del delito.
Concluida la votación en lo general, el pleno entró en la discusión de más de 60 reservas presentadas por diversos legisladores. Una vez aprobada en lo particular, la ley será turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
De concretarse, México contará por primera vez con un marco legal unificado para combatir la extorsión, delito que se ha expandido en todo el país y que afecta tanto a comerciantes, empresarios y productores, como a familias y trabajadores.
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