Una intervención policial masiva en las favelas de Alemão y Peña, en la Zona Norte de Río de Janeiro, dejó al menos 64 personas fallecidas y más de 100 detenidas. La acción, dirigida contra la facción criminal Comando Vermelho (CV), se convirtió en la más letal en la historia reciente de la ciudad.
Con el nombre de “Operación Contención”, el despliegue comenzó en la madrugada del martes. Participaron 2,500 agentes de las policías Militar y Civil, apoyados por helicópteros, blindados y maquinaria de demolición. El gobernador Cláudio Castro asumió la autoría del operativo, justificándolo como una estrategia para frenar el avance territorial del CV en el estado.
«Lo que estamos enfrentando ya no es un delito común, es narcoterrorismo», declaró Castro. El uso de drones, explosivos y armamento pesado por parte de los grupos criminales llevó al municipio a activar la fase 2 de alerta por riesgo de incidentes de gran impacto.
La reacción de los traficantes fue inmediata. Barricadas en llamas, tiroteos intensos y drones lanzando explosivos convirtieron el terreno en una zona de guerra. La violencia se extendió a otras áreas de la ciudad, paralizando escuelas, hospitales y transporte público.
Entre las víctimas hay cuatro policías, incluyendo Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, recién ascendido a jefe de investigación, y dos agentes del BOPE, unidad de élite. Videos virales muestran enfrentamientos con hasta 200 disparos por minuto, en medio del humo y el caos.
Desde Human Rights Watch, César Muñoz calificó la operación como “una enorme tragedia”. Exigió investigaciones independientes sobre cada muerte y cuestionó la estrategia de seguridad: «Estas operaciones letales no generan seguridad, sino más inseguridad», afirmó.
Una investigación del Ministerio Público de Río reveló que el Complejo de Peña es clave en el proyecto expansionista del CV. La fiscalía denunció a 67 personas por asociación al narcotráfico y tres por tortura, destacando la estructura jerárquica del grupo, que controla puntos de venta y ordena ejecuciones.
Aunque Castro criticó inicialmente al gobierno federal por falta de apoyo, se retractó tras conocer datos de investigaciones conjuntas presentadas por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. El CV, fundado en 1979 en una prisión de Ilha Grande, cuenta con más de 50,000 miembros activos y presencia en Paraguay, Bolivia y Perú.
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