El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo para niñas y adolescentes víctimas de violación, garantizando un procedimiento médico seguro y gratuito. Esta medida prioriza la dignidad y derechos humanos de las mujeres menores, quienes enfrentan además condiciones de pobreza y barreras culturales específicas.
La reforma obliga a las instituciones del Sistema Estatal de Salud a ofrecer el servicio y notificar a autoridades para la investigación del delito. La diputada Marcela Castillo, impulsora de la iniciativa, subrayó que más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres en Chiapas, en su mayoría por violencia sexual.
La propuesta, respaldada por varias diputadas, denuncia que estos embarazos no representan consentimiento, sino una forma de violencia institucional silenciada. Además, los delitos sexuales contra menores aumentaron 12% en lo que va de 2025, reflejando una problemática social urgente.
Defender este derecho es para Castillo una cuestión de justicia, no de ideología, ya que asegura el acceso a salud, decisión y dignidad para las víctimas. La legislación marca un paso crucial hacia el cumplimiento de compromisos internacionales y la protección real de quienes más lo necesitan.
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