Organizaciones defensoras de derechos humanos interpusieron una demanda federal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntas condiciones “inhumanas” en el centro de procesamiento de Broadview, una instalación ubicada en el área metropolitana de Chicago, donde —según los denunciantes— las personas migrantes son privadas de derechos fundamentales y sometidas a malos tratos.
La acción legal fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Illinois y el MacArthur Justice Center, quienes acusaron al ICE, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de violar el derecho al debido proceso y al acceso a un abogado, garantizados por la Constitución estadounidense.
De acuerdo con la demanda, los agentes han impedido llamadas privadas entre detenidos y sus defensores legales, negado la entrada a congresistas, líderes religiosos y periodistas, y creado una “caja negra” donde operan “con impunidad”. Los abogados también denunciaron que los migrantes son coaccionados para firmar documentos que no comprenden, lo que los lleva a renunciar sin saberlo a sus derechos y a enfrentar deportaciones inmediatas.
“Las personas están siendo secuestradas de las calles, amontonadas en celdas, privadas de alimentos y atención médica, y forzadas a renunciar a sus derechos legales”, afirmó Alexa Van Brunt, directora del MacArthur Justice Center en Illinois y una de las abogadas principales del caso. “Todos, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a un trato humano y a asesoría legal”, subrayó.
En declaraciones previas, el DHS ha negado las acusaciones y sostiene que las personas detenidas “reciben alimentos adecuados, atención médica y acceso a comunicación con familiares y abogados”.
El centro de Broadview ha sido objeto de múltiples protestas en los últimos meses, en las que decenas de manifestantes han sido arrestados. Paralelamente, una coalición de medios y activistas presentó otra demanda por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales durante dichas manifestaciones.
A principios de octubre, la jueza federal Sara Ellis falló a favor de esa coalición y ordenó a los agentes del área de Chicago portar identificación visible y abstenerse de utilizar gas lacrimógeno y otras técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. La jueza también instruyó a los agentes a usar cámaras corporales tras expresar preocupación por el incumplimiento de su orden inicial.
La demanda presentada esta semana busca que un tribunal obligue a las agencias federales a mejorar las condiciones en Broadview y garantizar los derechos legales de las personas detenidas, mientras continúa creciendo la presión pública sobre las prácticas del ICE en el Medio Oeste.
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