En solo nueve meses, el gobierno municipal encabezado por Guadalupe Cuautle Torres, en San Andrés Cholula, acumuló 650 mil 348 pesos mediante la imposición de multas por faltas administrativas, de acuerdo con datos oficiales obtenidos vía transparencia.
El reporte trimestral del Ayuntamiento evidencia que la alcaldesa panista recaudó, en promedio, 72 mil 348 pesos mensuales provenientes de las infracciones de las personas presentadas ante el Juzgado Calificador entre enero y septiembre de 2025.
En el primer trimestre del año se percibieron 198 mil 232 pesos por dicho concepto, durante el cual se detuvo a 182 personas por presuntas faltas a la moral.
Del número total de infractores, solo ocho pagaron su multa, 114 optaron por cumplir el arresto correspondiente y 68 más conmutaron su sanción mediante actividades comunitarias o cubrieron una parte de la multa y el resto con reclusión.
Durante el segundo trimestre se obtuvieron ingresos por 229 mil 426 pesos en multas, y se registró un total de 180 personas detenidas, de las cuales ocho fueron amonestadas, 99 cumplieron con su arresto y 73 conmutaron su sanción.
Para el tercer trimestre del año, las autoridades infraccionaron a 195 individuos, de los cuales siete pagaron la multa total, 94 enfrentaron arresto y otros 94 cumplieron medidas alternativas, lo que permitió una recaudación total de 222 mil 690 pesos.
Las personas son presentadas ante el Juzgado Calificador de San Andrés Cholula por distintas causas, como alterar el orden público, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública o conducir bajo los influjos del alcohol.
Las sanciones económicas oscilan entre 565.7 pesos y 9 mil 51.20 pesos, además de arrestos de hasta 36 horas o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad de la falta.
Cabe destacar que quienes son detenidos por conducir en estado de ebriedad deben pagar una multa más elevada, ya que están obligados a cubrir los costos de arrastre y corralón de sus vehículos.
En San Andrés Cholula se han denunciado presuntos casos de abuso de autoridad, principalmente por parte de elementos policiales durante los operativos de alcoholímetro, lo que ha derivado en quejas formales ante las autoridades correspondientes.
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