La crisis de violencia que enfrenta Michoacán no surgió de la nada. Su evolución tiene un punto de inflexión claramente identificable: diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón dio inicio en ese estado a la llamada “guerra contra el narcotráfico”. A partir de ese operativo militar, Michoacán dejó de ser un territorio con presencia del crimen organizado para convertirse en epicentro de una estrategia federal que transformó el mapa criminal del país.
La combinación de despliegue militar, disputas territoriales y fracturas internas de grupos delictivos provocó un ciclo de violencia que continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto. Durante más de una década, Michoacán vivió una reconfiguración profunda del crimen organizado, el surgimiento de autodefensas y episodios traumáticos que marcaron su vida pública y su estabilidad institucional.
2006–2012: Calderón y la militarización que detonó la espiral violenta
El 11 de diciembre de 2006, apenas diez días después de asumir la presidencia, Felipe Calderón lanzó en Michoacán el operativo militar Conjunto Michoacán. Miles de militares y policías federales desembarcaron en municipios clave de la Tierra Caliente. La apuesta era contener a los grupos criminales. El resultado fue el detonante de una guerra abierta.
Hechos clave del periodo:
- Despliegue masivo de fuerzas militares (2006). Inicio de la estrategia de seguridad basada en fuerza militar y enfrentamientos directos.
- Ascenso de La Familia Michoacana (2006–2010). Organización con estructura comunitaria y discurso pseudo-religioso que implantó control social, extorsión y violencia extrema.
- Aparición de métodos de terror. Decapitaciones, desmembramientos, bloqueos y mensajes públicos como herramientas de intimidación social y política.
- Enfrentamientos constantes y desplazamientos forzados. Comunidades rurales comenzaron a sufrir desplazamientos internos debido a disputas territoriales.
- “Muerte” no verificada de Nazario Moreno (2010). Declarado abatido en 2010, aunque su muerte real se confirmó años después; símbolo de confusión y falta de inteligencia confiable.
- Transición hacia los Caballeros Templarios (2011). Escisión que formalizó una nueva organización con códigos “de caballería”, impuestos por violencia y coerción.
Michoacán se convirtió en un territorio marcado por retenes ilegales, cobro de “cuotas”, control del comercio local y captura de instituciones de seguridad municipal.
Autodefensas silenciadas y comunidades atrapadas
Durante este periodo, los primeros focos de resistencia comunitaria empezaron a manifestarse tímidamente, especialmente en zonas agrícolas afectadas por extorsiones a productores, empacadores y exportadores de limón, aguacate y toronja. Sin embargo, cualquier intento de organización civil fue rápidamente reprimido, por la fuerza de grupos criminales o por desconfianza de autoridades.
La presencia militar no frenó la violencia: la escaló, fragmentó el crimen organizado y abrió paso a nuevas disputas.
2012–2018: Peña Nieto y el auge de las autodefensas, entre legitimidad y cooptación criminal
Al iniciar su gobierno, Enrique Peña Nieto mantuvo el despliegue federal en Michoacán. Pero el modelo de seguridad cambió de forma inesperada: la ausencia de autoridad local y la expansión criminal dieron pie a una respuesta inédita —el levantamiento civil armado.
Episodios emblemáticos del sexenio:
- Levantamiento de autodefensas (2013). Comunidades como Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana se alzaron en armas contra los Caballeros Templarios ante extorsión sistemática, secuestros y asesinatos.
- Operación federal de incorporación (2014). Parte de las autodefensas se integraron a cuerpos oficiales —Fuerza Rural— mientras otras se mantuvieron independientes.
- Apatzingán (2015). Civiles armados fueron abatidos durante un operativo federal, episodio que generó controversia por el uso de la fuerza.
- Caída de líderes templarios (2014–2015). Captura de Servando Gómez “La Tuta” y otros jefes criminales generó vacío de poder y recomposición del crimen local.
- Reconfiguración del mapa criminal y surgimiento de nuevas células. Fragmentación y llegada de grupos externos a disputar control territorial.
La economía del miedo y control territorial
Durante estos años, Michoacán vivió:
- Expansión del cobro de piso y control del comercio
- Intimidación a productores agrícolas
- Secuestros y desapariciones
- Control del transporte y rutas comerciales
- Infiltración de autoridades locales
El conflicto dejó una huella profunda: familias desplazadas, comunidades rurales fuertemente armadas, municipios sometidos y un tejido social fracturado.
Ciclo de violencia y consecuencias institucionales
El periodo 2006–2018 consolidó fenómenos que siguen presentes:
- Militarización permanente
- Fragmentación criminal múltiple
- Armamento civil y paramilitarismo social
- Vaciamiento del poder municipal y cooptación de autoridades
- Desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad
- Comunidades entre el Estado y el crimen organizado
Michoacán se convirtió en un ejemplo nacional de cómo una estrategia basada exclusivamente en fuerza militar puede acelerar la violencia, dispersar actores armados y generar zonas de control criminal duradero.
Un legado que aún pesa en Michoacán
Tras más de una década de militarización, levantamientos civiles y reacomodos criminales, Michoacán enfrenta un legado de violencia estructural cuya génesis se encuentra en la estrategia federal iniciada en 2006. La combinación de confrontación armada, improvisación institucional y captura territorial criminal dejó una realidad compleja que aún condiciona la seguridad y la vida comunitaria del estado.
