El malestar ciudadano contra Agua de Puebla para Todos sigue en aumento. Solo en los primeros nueve meses de 2025, la empresa acumuló 36 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado, reflejo de años de abuso, desatención y cobros injustos que afectan a miles de familias poblanas.
Desde su privatización en 2014, la concesionaria —operada por Concesiones Integrales— ha sido símbolo de opacidad, ineficiencia y desprecio hacia los usuarios. A más de una década de obtener la concesión del servicio, las promesas de eficiencia, inversión y mejora quedaron incumplidas, mientras la población enfrenta tarifas desproporcionadas y cortes constantes en el suministro del agua potable.
De acuerdo con información de la CDH Puebla, las denuncias contra la empresa apuntan a omisiones graves en el suministro, suspensiones arbitrarias, retrasos en reparaciones y deficiencia en el drenaje y alcantarillado, además de una evidente falta de rendición de cuentas ante los reclamos ciudadanos.
Los vecinos afectados han señalado que la compañía viola su derecho humano al acceso al agua, un servicio esencial que, bajo la gestión privada, se ha convertido en un negocio sin sensibilidad social. Los reportes también evidencian cobros inequitativos, prácticas abusivas y omisiones en la atención de quejas, lo que ha derivado en un clima de frustración y desconfianza hacia la concesionaria.
La capital poblana concentra el 91.6% de las denuncias, con 33 quejas registradas solo en la ciudad de Puebla. Los municipios de Izúcar de Matamoros, Mateo Zoyomazalco y Ocotepec también figuran entre los afectados, lo que demuestra que el problema trasciende la zona metropolitana.
Las quejas presentadas ante la CDH Puebla se desglosan por mes de la siguiente manera:
• Enero: 8
• Febrero: 3
• Marzo: 3
• Abril: 5
• Mayo: 3
• Junio: 3
• Julio: 5
• Agosto: 3
• Septiembre: 3
Además del deficiente servicio, Agua de Puebla ha sido señalada por su falta de compromiso ambiental. A once años de obtener la concesión, los ríos Alseseca y Atoyac continúan contaminados, sin acciones claras de saneamiento, pese a que forman parte de las obligaciones asumidas por la empresa.
Diversos colectivos ciudadanos acusan que la privatización del agua solo ha beneficiado a intereses empresariales, mientras las familias más pobres son las más afectadas por los cortes y los cobros excesivos. Las exigencias son claras: revocar la concesión, auditar a la empresa y devolver el servicio al control público.
Para muchos, Agua de Puebla representa el fracaso del modelo privatizado del agua, un sistema que prometió eficiencia pero que ha derivado en abusos sistemáticos, opacidad y violaciones a derechos fundamentales.
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