El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una “matanza” el operativo policial que dejó 121 personas muertas en las favelas de Río de Janeiro. El mandatario anunció que su gobierno impulsará una investigación independiente para esclarecer los hechos, en contraste con la narrativa oficial que presentó la acción como un éxito contra el Comando Vermelho.
Lula subrayó que la orden judicial original contemplaba detenciones, no ejecuciones, y cuestionó las condiciones en que se desarrolló el operativo. “Desde el punto de vista de las muertes algunos podrían llamarla un éxito, pero desde la acción del Estado fue desastrosa”, declaró ante medios.
El presidente propuso que peritos de la Policía Federal participen en la investigación, en coordinación con instancias judiciales que ya solicitaron preservar todos los elementos materiales del caso. El Tribunal Supremo Federal sigue el proceso de cerca.
La operación del 28 de octubre movilizó a más de 2,500 agentes de la Policía Militar y la Policía Civil en los complejos del Alemão y Penha, zonas señaladas como bastiones del Comando Vermelho. El saldo oficial reportó 117 presuntos delincuentes abatidos, cuatro policías muertos, decenas de heridos y múltiples detenciones.
Las imágenes del operativo generaron conmoción pública y exigencias de transparencia, mientras se agudiza la tensión entre el gobierno federal y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, quien defendió la acción como un golpe al “narcoterrorismo”.
La postura de Lula abre un debate urgente sobre el uso de la fuerza en operativos de gran escala y la necesidad de garantizar derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno federal se posiciona para exigir rendición de cuentas en lo que ya se considera la operación más letal en la historia reciente de Brasil.
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