El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Corte Suprema de Brasil alcanzara mayoría de votos para rechazar su apelación y mantener la condena de 27 años y tres meses de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
La resolución rechaza el pedido de los abogados del exmandatario, quienes argumentaban duplicidad de cargos y presunta vulneración del derecho a la defensa. El tribunal, sin embargo, desestimó todos los planteamientos y reafirmó la validez de la sentencia emitida en septiembre, señalando que Bolsonaro actuó con plena conciencia para subvertir el orden democrático y favorecer un complot destinado a impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, electo en 2022.
La decisión, impulsada por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fue respaldada por los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, consolidando una mayoría que deja prácticamente sin efecto las últimas maniobras legales de la defensa. La magistrada Cármen Lúcia aún debe emitir su voto, aunque todo indica que se sumará a la posición mayoritaria.
De Moraes, figura central en los procesos contra el bolsonarismo, subrayó que las pruebas recabadas lo responsabilizan de coordinar una conspiración para desconocer los resultados electorales y presionar a las Fuerzas Armadas para que intervinieran contra el nuevo gobierno. Además, vinculó a Bolsonaro con la instigación de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Un punto de inflexión para la democracia brasileña
Mientras tanto, el bloque parlamentario de la ultraderecha intenta impulsar una ley de amnistía que podría beneficiar tanto a Bolsonaro como a los responsables de los ataques golpistas. No obstante, las masivas protestas ciudadanas y la condena internacional a los hechos del 8 de enero han debilitado esa iniciativa.
Con la negativa de la Corte a reducir la pena, el proceso judicial contra Bolsonaro representa un precedente histórico: es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de abolición violenta del Estado de derecho.
El fallo también consolida el papel del Supremo Tribunal como garante institucional frente al extremismo político, en un país donde la polarización sigue marcando la agenda pública.
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