Alcaldesa de Xoxtla cita reunión privada tras suspensión judicial de pozos

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito frenó el proyecto de extracción de agua en Xoxtla.

Tras la suspensión judicial de la perforación de tres pozos en Xoxtla, pobladores y defensores del agua denunciaron opacidad en la convocatoria realizada por la alcaldesa Guadalupe Cuautle, quien los citó a una reunión privada para abordar el conflicto y aparentar búsqueda de soluciones.

La invitación, difundida en redes sociales, fue dirigida a integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla. El encuentro está programado para este sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas en el Jardín La Terraza.

El documento oficial señala que la reunión busca discutir la situación del sistema de agua potable en el municipio y generar un espacio para “socializar y analizar propuestas de solución a la problemática presentada”.

Sin embargo, habitantes reprocharon que la presidenta municipal convocara de manera discreta y a puerta cerrada, cuando en ocasiones anteriores se le ha invitado a asambleas públicas y abiertas, a las que nunca ha asistido.

“El mismo pueblo ha convocado a asambleas públicas y abiertas para resolver la situación del agua y la presidenta no se ha presentado. Se denuncia públicamente la falta de seriedad de la presidenta de Xoxtla”, señalaron los inconformes.

Los pobladores recordaron que desde el pasado 6 de noviembre existe una resolución de amparo federal que ordena la suspensión provisional de los pozos 4, 5 y Pavigi, por lo que exhortaron al gobierno municipal a acatar la medida judicial.

La decisión fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que frenó el proyecto impulsado por la alcaldesa y el SOAPAP. Dicho plan buscaba extraer agua de los pozos de Xoxtla para cederla a la empresa Concesiones Integrales, con el fin de explotarla y comercializarla en la capital poblana.

El conflicto se mantiene desde mediados de año, cuando habitantes instalaron plantones en las zonas de perforación y denunciaron actos de tensión y presuntas amenazas por parte de autoridades municipales y de la concesionaria.

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Fotografía: Redes

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