La alcaldesa de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, defendió el proyecto de excavación del pozo Pavigi, al considerar que su cancelación podría desencadenar una crisis hídrica en el municipio. La funcionaria restó importancia a las críticas que han surgido en su contra y las atribuyó a intereses político-sociales.
La postura de la edil surge después de que jueces federales ordenaran suspender provisionalmente tres perforaciones en Xoxtla, como resultado de amparos promovidos por pobladores inconformes. Estos señalan que el Ayuntamiento y el SOAPAP buscan que Agua de Puebla administre los pozos para beneficiar el suministro de la capital.
Durante una reunión con autoridades y colectivos locales, Ortiz Pérez defendió los trabajos encabezados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), asegurando que no representan un riesgo para el abasto de agua en la comunidad.
Explicó que el pozo Pavigi cuenta con una inversión estatal de 16 millones de pesos y que su objetivo es garantizar una fuente directa para mejorar la distribución del recurso en Xoxtla.
La alcaldesa justificó la obra al señalar que los cinco pozos actualmente en funcionamiento no alcanzan para cubrir la demanda de los habitantes, por lo que el nuevo proyecto busca reforzar la red local y reducir la sobreexplotación de los pozos existentes.
Sin embargo, grupos ciudadanos y defensores del agua mantienen su rechazo, advirtiendo que el nuevo pozo podría ser utilizado para abastecer a la capital poblana en lugar de beneficiar al municipio.
Ortiz Pérez también acusó al activista Renato Romero de impulsar las movilizaciones que han frenado la obra, al considerar que estas protestas responden a intereses políticos que pretenden desestabilizar su administración.
Advirtió que, de suspenderse definitivamente el proyecto, la población tendría que recurrir a pipas para obtener agua, lo que incrementaría los costos para las familias.
La alcaldesa llamó al diálogo y pidió a los colectivos no oponerse al proyecto Pavigi, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar el acceso al agua para todos los habitantes.
No obstante, integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla rechazaron acudir a la reunión convocada por el Ayuntamiento, argumentando falta de transparencia y un proceso de diálogo cerrado.
De acuerdo con los defensores del agua, el gobierno municipal y el SOAPAP extraen al menos el 50% del recurso del pozo número 4 para abastecer a la capital, por lo que temen que el pozo Pavigi sea utilizado de la misma manera.
En medio del conflicto, Xoxtla se encuentra dividida entre la promesa oficial de mejorar el abasto y la desconfianza ciudadana ante un posible desvío del recurso hídrico, en un debate que refleja las tensiones entre el poder local, la gestión del agua y las demandas sociales.
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