Mientras el Congreso y la Corte Suprema de Estados Unidos discuten la reanudación completa de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), millones de familias permanecen atrapadas en la incertidumbre sobre su acceso a los alimentos. El bloqueo político derivado del cierre del gobierno federal ha dejado a 42 millones de personas —uno de cada ocho estadounidenses— sin la seguridad de recibir sus asignaciones completas este mes.
El programa, que entrega en promedio 350 dólares mensuales por hogar, se encuentra paralizado por una disputa entre la administración Trump, que alega la necesidad de reservar fondos para emergencias, y tribunales federales que han ordenado al Departamento de Agricultura liberar los pagos pendientes. Algunos estados como Nueva York y California ya otorgaron los beneficios completos correspondientes al mes de noviembre, mientras que otros, como Virginia Occidental o Nebraska, mantienen suspendidas las entregas o solo han distribuido montos parciales.
En el Congreso, los senadores alcanzaron un acuerdo bipartidista para reabrir temporalmente el gobierno y financiar el SNAP hasta 2026, pero la medida aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por Trump. Mientras tanto, el Tribunal Supremo evalúa si el Ejecutivo está obligado legalmente a utilizar su fondo de contingencia para cubrir los pagos. La administración sostiene que sólo el Congreso puede autorizar esa reasignación, mientras que los jueces advierten que los retrasos prolongados agravan el hambre en comunidades vulnerables.
La suspensión del programa SNAP ha expuesto con crudeza la fragilidad de la red de protección social en Estados Unidos, haciendo visible la crisis social al interior de una potencia económica. Lo que comenzó como un desacuerdo presupuestario se ha convertido en un problema humanitario, donde millones de hogares dependen de decisiones judiciales y políticas que se aplazan día tras día.
La incertidumbre alimentaria afecta especialmente a familias monoparentales, adultos mayores, personas con discapacidad y de clase trabajadora, mientras la polarización partidista se impone sobre la urgencia social.
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