El estado de Puebla enfrenta una deuda superior a los 2 mil millones de pesos derivada de contratos vencidos, obras inexistentes y finiquitos irregulares realizados hace más de una década, los cuales fueron reconocidos judicialmente como obligaciones de pago.
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que su administración tiene actualmente cuatro contratos con sentencia firme que obligan al estado a cubrir dichos montos, producto de una serie de compromisos adquiridos entre seis y veinte años atrás por gobiernos anteriores.
“Son más de dos mil millones de pesos con los que han condenado al estado a pagar por irresponsabilidad, por complicidad de funcionarios públicos que avalaron obras inexistentes en los finiquitos”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa.
El titular del Ejecutivo explicó que varios de estos contratos se originaron en administraciones pasadas que firmaron proyectos de infraestructura sin sustento técnico, aprobaron ampliaciones innecesarias o autorizaron pagos por obras que nunca se realizaron. La falta de atención oportuna provocó la pérdida de los juicios y la consecuente obligación de cubrir las deudas con recursos públicos.
Armenta Mier señaló que, además de los cuatro casos ya resueltos, existen alrededor de 30 contratos en litigio que aún se encuentran en proceso judicial, por lo que el gobierno estatal busca resolverlos mediante diálogo y acuerdos con las empresas involucradas.
El gobernador aseguró que en los próximos días presentará un informe detallado sobre los responsables de estos compromisos financieros irregulares y advirtió que no habrá impunidad para quienes hayan generado daño al patrimonio estatal.
“Nos dejaron una bola de nieve de más de dos mil millones de pesos que estamos atendiendo. Vamos a resolver con diálogo y acuerdos, pero también vamos a exhibir a quienes actuaron de manera irresponsable, beneficiándose con obras fantasmas y ampliaciones sin justificación”, afirmó.
Entre los casos en litigio destaca la demanda interpuesta por la empresa Melgarejo Construcciones, que reclama una indemnización de 640 millones de pesos por una obra que nunca se llevó a cabo, lo que refuerza la necesidad de revisar y transparentar los procesos contractuales del pasado.
