El presidente de Colombia, Gustavo Petro, precisó su reciente decisión de suspender la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, estableciendo que cualquier intercambio de información o coordinación entre ambas naciones solo podrá retomarse si existen garantías plenas de respeto a los derechos humanos durante las operaciones antidrogas.
El mandatario colombiano explicó que la colaboración con Washington se mantendrá exclusivamente en acciones de interdicción del narcotráfico, pero siempre que las capturas y decomisos se desarrollen sin poner en riesgo la vida de los involucrados. Con esto, Petro busca marcar distancia frente a los métodos utilizados por las fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, donde se han denunciado bombardeos y ataques indiscriminados contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.
Según Petro, su administración continuará comprometida con la lucha internacional contra el narcotráfico, pero lo hará desde una visión soberana y “descolonizada”, priorizando la dignidad de las comunidades y la defensa del territorio colombiano. De esta forma, el jefe de Estado pretende redefinir la cooperación en materia de inteligencia, tradicionalmente liderada por Estados Unidos en la región.
El presidente también rechazó los señalamientos provenientes del presidente Donald Trump, quien lo ha vinculado sin pruebas con actividades ilícitas. Petro recalcó que su gobierno ha enfrentado directamente a las mafias del narcotráfico, incluso poniendo en riesgo la seguridad de su propia familia por los golpes que su administración ha asestado a esas estructuras criminales.
El mandatario insistió en que su compromiso con la erradicación de las mafias es personal y político, y que la defensa de la vida y la justicia social son pilares de su gestión.
Tensiones regionales y denuncias contra Washington
La decisión de Petro se enmarca en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe, luego de que Estados Unidos desplegara buques, aviones de combate y tropas frente a las costas de Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, diversos gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales han cuestionado la legalidad y la ética de dichas operaciones, señalando posibles violaciones al derecho internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que los bombardeos estadounidenses sobre embarcaciones de bajo calado han causado más de 60 muertes, mientras que expertos internacionales los califican como “ejecuciones sumarias”.
Gobiernos de Colombia, México y Brasil, junto con representantes de Rusia ante la ONU, han coincidido en que estas acciones representan una campaña de presión política y militar contra los Estados soberanos de la región.
Con esta nueva postura, Petro busca mantener la cooperación internacional sin subordinar la soberanía colombiana, al tiempo que envía un mensaje de advertencia a Washington: la lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos ni intervenir en asuntos internos de otros países.
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