Desde septiembre, la SCJN electa por sufragio popular traza su rumbo: soberanía estatal, austeridad y límites al poder económico

Desde septiembre, la nueva SCJN electa por sufragio popular ha enviado mensajes claros: soberanía estatal, austeridad y límites al poder económico.

El 1 de septiembre de 2025 marcó un quiebre histórico en el Poder Judicial mexicano.
Por primera vez, los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fueron designados por el Senado; fueron elegidos por voto popular. Con ello, se abrió un periodo de expectativas, incertidumbres y la pregunta central:
¿cómo se comporta una Corte que debe responder al pueblo —y no a la élite?

Dos meses después, la respuesta comenzó a aparecer no en discursos, sino en sentencias. La SCJN empezó a hablar desde el expediente. Y los primeros fallos delinearon su identidad jurídica y política: firmeza fiscal, soberanía estatal y austeridad puertas adentro.

Grupo Salinas: se cierra un litigio de 16 años y se reabre el mapa del poder económico

La señal más visible no tardó. En una sesión de apenas una hora con 38 minutos, el Pleno resolvió —por unanimidad— siete juicios que Grupo Salinas había promovido desde hace más de 16 años. Elektra y TV Azteca deberán pagar 48,326 millones de pesos en impuestos, multas y actualizaciones. No hay más instancias posibles en México.

EmpresaNúmero de juicioMonto
ElektraAmparo dir. rev. 6321/202433,306 mdp
Elektra5654/20241,431 mdp
Elektra5608/20252,004 mdp
Elektra5145/20251,603 mdp
TV Azteca5731/20252,477 mdp
TV Azteca5778/20254,916 mdp
TV Azteca6293/20252,615 mdp

Total confirmado por la Corte: 48,326 millones de pesos

Grupo Salinas intentó apartar a la ministra Lenia Batres, alegando comentarios previos contra el empresario. La SCJN rechazó la petición. Batres votó. La legalidad del proceso quedó firme. En los pasillos judiciales se leyó como un mensaje:
la fuerza económica no define la fuerza jurídica.

La Ley Minera prevalece: el Estado conserva las llaves del subsuelo

Otro fallo central llegó desde el terreno de los recursos naturales. Con votación de 7 a 2, la Corte revocó el amparo de un particular y confirmó la validez de las reformas a la Ley Minera, impulsadas en 2023 por el gobierno de López Obrador.
El criterio fue estricto: una solicitud de concesión no genera derechos adquiridos.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, lo resumió así:

“La soberanía del Estado debe prevalecer en todo momento. Nadie tiene derechos por el solo hecho de presentar una solicitud.”

La ministra Lenia Batres añadió que el particular no podía impugnar el proceso legislativo porque no representaba a ningún actor político ni social.
En contraste, el ministro Giovanni Azael Figueroa advirtió un posible conflicto con el principio de irretroactividad. La discusión doctrinal seguirá abierta, pero la votación ya sentó un precedente:
los bienes estratégicos no están sujetos a trámite, sino a política de Estado.

El Poder Judicial se mira a sí mismo: salarios a la baja y al ISSSTE

El tercer mensaje vino desde adentro. El 6 de septiembre, el Órgano de Administración Judicial aprobó —por unanimidad— que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, se formalizó la incorporación de ministras, ministros, magistrados y jueces federales al sistema público del ISSSTE.

La decisión no afectó a mandos medios ni operativos. La austeridad, esta vez, no fue vertical: se aplicó de arriba hacia abajo.

CargoSalario mensual brutoSalario neto aproximado
Ministras y ministros$191,656.76$137,582.27

El OAJ afirmó que así se cumple el artículo 127 constitucional y se desmonta una parte del régimen de privilegios que distinguió al Poder Judicial durante décadas.
La técnica administrativa se convirtió en señal política.

Un balance de dos meses: más señales que palabras

Los primeros fallos de la Corte muestran un patrón reconocible:

Línea de acciónSeñal enviada
Justicia fiscalNo más litigios eternos
Recursos naturalesLa soberanía no se tramita
Reforma internaLa austeridad inicia en casa

Un investigador judicial resume así la nueva etapa:

“No pretenden ser populares. Pretenden ser creíbles. La credibilidad no se decreta; se sentencia.”

Lo que viene

Los especialistas prevén próximos debates en materia ambiental, energética y de justicia cotidiana. También podría abrirse una reforma sobre el amparo, para simplificarlo y abrirlo a la ciudadanía no especializada.

La Corte aún no cumple cien días, pero ya logró algo inusual:
sacó el debate jurídico de los tribunales y lo regresó a la conversación pública.
Es probable que los próximos meses no respondan a una promesa: respondan a una frase tácita que empieza a gravitar en los círculos judiciales:

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx