El asesinato de Karina Díaz Hernández, síndica del Ayuntamiento de Palizada y militante de Morena, vuelve a colocar bajo escrutinio la creciente violencia política en municipios del país. La funcionaria, reconocida en su comunidad tanto por su labor docente como por su actividad pública, sufrió un ataque por sicarios que viajaban en motocicleta mientras se desplazaba en su vehículo en la comunidad de El Cuyo. Recibió múltiples disparos y, aunque lograron trasladarla con vida al hospital local, murió durante la atención médica.
Tras el ataque, familiares estallaron en reclamos contra autoridades municipales y estatales, denunciando la ausencia de condiciones mínimas de seguridad que pudieron haber evitado el atentado. Su muerte también reavivó tensiones políticas previas, pues la síndica compitió dos veces por la presidencia municipal y era considerada una de las figuras con mayor peso dentro de Morena en la región.
La Fiscalía estatal confirmó el fallecimiento y aseguró que ya inició las investigaciones para identificar a los responsables, pero no aportó información sobre posibles líneas de investigación. De forma paralela, la gobernadora Layda Sansores expresó públicamente su indignación y lamentó el impacto que el crimen genera en la población campechana, además de destacar la trayectoria social y comunitaria de la víctima.
Sospechas sobre las razones de su asesinato
El contexto político en Palizada añade complejidad al caso: Díaz Hernández había mantenido una relación confrontada con el actual alcalde, Pedro Ayala Cámara, a quien había enfrentado electoralmente y sobre quien recaen cuestionamientos previos por presuntos actos de corrupción. Versiones extraoficiales señalan que la síndica tuvo acceso a información delicada relacionada con figuras políticas de alto perfil y con procesos locales, aunque estas hipótesis no se confirman todavía por la autoridad.
El crimen ocurrió apenas tres días después de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Palizada, donde presumió apoyo popular y destacó la cercanía entre su administración y los municipios del sureste. Sin embargo, el asesinato de una funcionaria local en pleno ejercicio de sus atribuciones evidencia la brecha entre el discurso oficial y la realidad de inseguridad que enfrentan autoridades municipales, especialmente en regiones con limitada presencia estatal.
El caso de Karina Díaz se suma a una serie de homicidios contra autoridades locales registrados en los últimos meses. La cifra creciente de asesinatos de síndicos, alcaldes y funcionarios municipales refuerza la percepción de que los municipios continúan siendo el eslabón más débil frente a la violencia criminal, sin una estrategia federal efectiva que prevenga ataques o proteja a figuras políticas con riesgo identificado.
Fotografía: Redes
