Ayer por la tarde, el Senado completó el proceso de aprobación del proyecto de ley que busca divulgar todos los documentos no clasificados vinculados al caso del multimillonario Jeffrey Epstein y su red de explotación sexual de menores. Tras la votación casi unánime en ambas Cámaras del Congreso, la iniciativa quedó ahora en manos del presidente Donald Trump, cuya firma es indispensable para que la liberación de documentos se vuelva obligatoria en responsabilidad del Departamento de Justicia.
Llegar a este punto fue difícil y la presión fue indispensable: sobrevivientes de Epstein se movilizaron frente al Capitolio, portando imágenes de ellas mismas cuando eran adolescentes y recordando públicamente cómo sus casos habían sido postergados, encubiertos o politizados por décadas. Legisladoras como Marjorie Taylor Greene explicaron que sus acompañantes no se consideraban víctimas sino sobrevivientes, y señalaron que habían debido pelear directamente contra algunos de los personajes más poderosos del país —incluido el propio Trump— para que el Congreso dejara de retrasar la decisión.
Las cámaras aprobaron la ley con 427 votos a favor y solo uno en contra; la votación fue tan contundente que el Senado decidió enviar la iniciativa “automáticamente” al escritorio de Trump, sin debates adicionales. Esto ocurrió luego de que el líder demócrata Chuck Schumer solicitara el envío inmediato y ningún senador se opusiera.
La postura cambiante de Trump: de promesa de campaña a resistencia y posterior reversa
El papel de Trump en esta disputa ha sido un eje central. Durante su campaña presidencial de 2024, él mismo prometió desclasificar los archivos de Epstein si volvía a la Casa Blanca. Sin embargo, una vez en el poder, cambió su postura y se dedicó a retrasar el avance legislativo, presionando a sus aliados en la Cámara de Representantes y descalificando el tema como una “farsa” impulsada por demócratas.
Trump no modificó su posición sino hasta que quedó claro que más de un centenar de republicanos estaban dispuestos a votar a favor de la ley incluso en contra de sus deseos, lo que implicaría una derrota política directa y pública. A partir de ese momento, el presidente cambió de dirección y anunció que aceptaría firmar la legislación en cuanto el Congreso la aprobara.
Aun así, la firma presidencial no ha ocurrido, y aunque es considerada inminente, el mandatario continúa haciendo declaraciones que buscan mantener el mérito político del giro bajo su control. Funcionarios republicanos han reconocido que la presión pública, la movilización de las sobrevivientes y la publicación reciente de miles de correos electrónicos de Epstein —incluyendo menciones directas al presidente— profundizaron la necesidad de avanzar.
¿Qué sigue?
Con ambas cámaras en unanimidad virtual y el proyecto ya en la Casa Blanca, el caso entra en su fase más delicada: la espera de la firma presidencial. La ley ordena al Departamento de Justicia publicar todos los documentos no clasificados en un plazo máximo de 30 días una vez ratificada. Esto incluye:
- Registros de vuelo y viajes.
- Comunicaciones internas y externas.
- Documentos de investigación.
- Archivos relacionados con Ghislaine Maxwell y otros colaboradores.
- Material vinculado a la investigación de la muerte de Epstein.
El Departamento de Justicia podrá censurar únicamente información que identifique a las víctimas o dañe investigaciones federales activas. Lo que no podrá mantenerse oculto, según el texto, es información sensible “por vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”, una cláusula que ha generado tensiones en las élites involucradas.
Para las sobrevivientes, la aprobación de la ley representa la primera oportunidad real en décadas para romper el ciclo de secrecía institucional que permitió a Epstein operar con impunidad a través de múltiples administraciones. No obstante, aún enfrentan incertidumbre: temen que la publicación pueda filtrarse de manera fragmentada, retrasada o sometida a nuevas presiones políticas después de la firma presidencial.
Aunque esta ley representa una victoria histórica para las sobrevivientes, el resultado dependerá de la voluntad real del gobierno de cumplir con la transparencia prometida y de la capacidad de los legisladores para vigilar el proceso. En este sentido, la firma de Trump será el termómetro de hasta qué punto la presión social ha logrado romper el cerco político que durante décadas protegió a Epstein y a quienes colaboraron con él.
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