Los procesos judiciales por feminicidio y violencia familiar relacionados con el caso de la activista Cecilia Monzón volvieron a sufrir retrasos en Puebla, situación que su hermana, la abogada Helena Monzón, calificó como extremadamente frustrante debido a la falta de avances y a la ausencia de algunos participantes clave.
Helena explicó que la audiencia número 71 del juicio por feminicidio, programada para el 18 de noviembre, no pudo realizarse porque dos extrabajadores de la Fiscalía estatal evitaron presentarse, pese a que sus testimonios ya se habían solicitado desde la semana anterior. La hermana de la víctima señaló que estas personas colaboraron en su momento con la institución y ahora no han respondido a los llamados judiciales. Según dijo, esta repetida inasistencia refleja cómo el paso del tiempo afecta negativamente el proceso, por lo que exhortó a ambos testigos a acudir para evitar que el juicio continúe con vacíos que nadie desea.
El caso avanza contra Javier “N”, expareja de Cecilia y señalado como presunto autor intelectual del feminicidio, así como contra Jair “N” y Silvestre “N”, identificados como presuntos ejecutores materiales.
Un segundo retraso afectó el juicio por violencia familiar, luego de que se revocara la sentencia previa de seis años contra Javier “N”. La audiencia de reposición, prevista para este martes, también se canceló. De acuerdo con Helena, la defensa del acusado aseguró que su cliente tenía problemas de salud; sin embargo, la abogada expuso que horas antes el señalado se encontraba en perfectas condiciones durante la sesión del juicio por feminicidio. La hermana de Cecilia argumentó que la defensa utilizó un supuesto informe médico como excusa, lo cual evidencia, a su juicio, maniobras para aplazar los procedimientos sin consecuencia alguna.
Organizaciones civiles, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y activistas reaccionaron ante esta situación. Consideraron que la revocación de la sentencia por violencia familiar no fue un error técnico, sino un acto de complicidad institucional que contribuye a retrasar la justicia. A través de un comunicado, estas agrupaciones exigieron que, antes de que finalice el calendario laboral del Poder Judicial de Puebla —con 23 días hábiles por delante—, ambos juicios concluyan y se imponga la pena máxima a Javier “N”, quien previamente ocupó un cargo en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Mario Marín.
En el documento, las organizaciones denunciaron que las decisiones del Tribunal de Puebla representan revictimización para las mujeres y sus familias. Advirtieron que la falta de resultados en un estado donde una mujer es asesinada cada 28 horas no es un simple retroceso: constituye una forma de violencia y complicidad del Estado, lo cual no debe normalizarse ni permitirse.
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