La jueza Ángela Zamorano Herrera aplazó hasta este viernes la resolución sobre la posible liberación anticipada de Javier Duarte, luego de una audiencia maratónica de casi 12 horas marcada por confrontaciones directas entre el exgobernador, la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa. La decisión se pospuso debido a la complejidad del caso, que involucra no sólo la sentencia federal por lavado de dinero y asociación delictuosa, sino también los antecedentes y señalamientos acumulados en Veracruz.
Durante la sesión, seis testigos —la mayoría fiscales estatales— expusieron irregularidades procesales y conductas que, según la FGR, demuestran que Duarte no cumple con los requisitos de buena conducta para acceder a la preliberación. Entre ellos destacó el testimonio de la fiscal Denise Moreno Córdova, quien relató múltiples intentos fallidos para imputarlo por obstaculizar una investigación de desaparición forzada. La fiscal aseguró que el exmandatario mostró resistencia procesal y que incluso fue necesario sujetarlo en una silla para obligarlo a comparecer.
Duarte aprovechó su derecho de intervención para desmentir señalamientos clave. Rechazó haber presentado una denuncia contra el exfuncionario Tarek Abdalá —a quien la FGR considera una víctima con temor fundado ante una eventual liberación— y negó haber operado una cuenta de Twitter desde prisión, pese al testimonio que menciona el hallazgo de aparatos electrónicos en su celda. También cuestionó que se le atribuyan desvíos millonarios por los cuales, recordó, nunca fue sentenciado.
La defensa, encabezada por Pablo Campuzano, acusó al Estado de ejercer presión política y mediática para impedir la preliberación, asegurando que el caso ha buscado retratar a Duarte como una figura “monstruosa” mediante lo que calificaron como abusos, tortura y procesos fabricados. Argumentaron además que el exgobernador ha cumplido más del 95% de su condena, requisito central para el beneficio solicitado.
Duarte sigue representando un riesgo social
La Fiscalía respondió que el exmandatario no ha acreditado actividades de reinserción social, ni demostrado una conducta ejemplar en prisión. Aseguró que testigos se sintieron intimidados por su presencia durante la audiencia y añadió que víctimas y colectivos de búsqueda han solicitado expresamente que permanezca encarcelado. Cuestionó además que la defensa intentara desestimar los señalamientos apelando al desgaste mediático del caso.
La tensión se elevó cuando la FGR sugirió que liberar a Duarte sería ceder ante una “presión de fin de año”, afirmación que provocó la indignación del exgobernador, quien acusó al fiscal de recurrir a narrativas degradantes e infundadas. Ambas partes cerraron la audiencia con posturas encontradas: la Fiscalía insistiendo en que el exfuncionario sigue representando un riesgo procesal y social; la defensa subrayando que los señalamientos son inconsistentes o ya fueron desestimados por jueces previamente.
La jueza, que escuchó los alegatos sin intervenir en las confrontaciones más tensas, tendrá la última palabra. La resolución, agendada para este viernes a las 17:00 horas, definirá si Duarte puede abandonar el Reclusorio Norte bajo el beneficio de liberación anticipada o si deberá esperar hasta el cumplimiento total de su condena en abril de 2026.
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