En los primeros diez meses de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla documentó 33 casos de corrupción de menores, lo que equivale a que tres niñas, niños o adolescentes al mes fueron obligados o inducidos a participar en actos sexuales, exhibicionismo, consumo de alcohol o actividades ilícitas.
El informe oficial identifica a San Andrés Cholula, Huauchinango, Puebla capital, Atlixco e Izúcar de Matamoros como los municipios con mayor concentración de denuncias, muchos de ellos ubicados en zonas urbanas o con alta afluencia turística.
De acuerdo con la dependencia, los agresores suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad familiar o económica para manipular a las víctimas mediante engaños, amenazas o presiones, una dinámica que se repite con frecuencia en los expedientes presentados ante el Ministerio Público.
El comportamiento mensual muestra picos de incidencia en enero, junio y septiembre, cada uno con cinco denuncias; seguidos de marzo y julio, con cuatro; mientras que abril y agosto registraron tres reportes. Por su parte, febrero y mayo sumaron dos casos por mes y octubre cerró con un solo incidente.
El Código Penal del Estado de Puebla, en su artículo 217, establece penas de 7 a 12 años de prisión y multas de 800 a 2,500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 90 mil 512 y 282 mil 850 pesos, para quienes corrompan a menores al inducirlos a prácticas sexuales, prostitución, consumo de sustancias o conductas delictivas.
Ante el incremento de reportes y la gravedad de las conductas, el Congreso del Estado analiza una propuesta de reforma que busca endurecer las sanciones hasta 15 años de cárcel y elevar las multas a un rango de 113 mil 140 a 339 mil 420 pesos. La iniciativa se encuentra en comisiones, donde se evalúa su impacto jurídico antes de ser sometida a votación en el Pleno.
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