Una reciente investigación del periodista británico Kit Klarenberg volvió a encender las alarmas sobre las redes transnacionales de tráfico de órganos y el papel de actores vinculados al aparato de seguridad israelí en operaciones clandestinas que, durante décadas, se han movido en la impunidad.
Klarenberg señala que, en el contexto de la guerra en Gaza, la devastación absoluta —miles de cuerpos sin identificar, hospitales destruidos y ausencia total de supervisión internacional— ha generado un escenario que facilita abusos. No afirma la existencia de una operación sistemática, pero advierte que las condiciones actuales permiten que prácticas ilícitas reaparezcan con nuevas formas.
El caso Wolfman: una pieza clave
El periodista pone el foco en la detención en Rusia de Boris Wolfman, ciudadano israelí-ucraniano acusado de liderar una red de tráfico de órganos que operaba entre Europa del Este, Medio Oriente y África. Su captura, prácticamente ignorada por la prensa occidental, podría —según Klarenberg— exponer viejos mecanismos criminales protegidos por capas de impunidad transnacional.
El investigador recuerda que estas acusaciones deben leerse junto a las denuncias sobre la retención prolongada de cuerpos palestinos por parte de Israel. El marco legal israelí permite mantener cuerpos “por razones de seguridad”, creando un vacío que históricamente ha dificultado la supervisión independiente.
Un patrón que se repite
Klarenberg vincula el caso Wolfman con episodios de los años 2000, como la clínica Medicus en Kosovo o los trasplantes ilegales en Sudáfrica, donde intermediarios y médicos israelíes operaron en países con regulación frágil. Muchos responsables evitaron condenas o simplemente desaparecieron de la escena pública.
El periodista no sostiene que exista una coordinación estatal, pero sí identifica una red persistente de intermediarios con vínculos y modus operandi similares, que ha sobrevivido al escrutinio judicial.
Operaciones encubiertas y empresas pantalla
El reportaje inserta estas redes en un universo más amplio de actividades históricamente asociadas a la seguridad israelí: empresas tecnológicas usadas como cobertura, como el caso de NSO Group y el software Pegasus; tráfico ilegal de armas en América Latina, África y Asia; y la participación de exagentes en empresas privadas dedicadas a vigilancia política o inteligencia corporativa.
También menciona la triangulación de recursos mediante fundaciones, compañías de seguridad o empresas pantalla, un fenómeno descrito por analistas desde hace décadas.
Según Klarenberg, esta “zona gris” entre Estado, capital y estructuras clandestinas ha permitido que ciertos operadores mantengan movilidad y protección incluso después de escándalos o investigaciones mediáticas.
Gaza: un terreno fértil para la impunidad
La investigación subraya que el colapso institucional en Gaza —producto del asedio militar— crea una situación donde la gestión de cadáveres queda fuera de toda supervisión independiente. “Estas condiciones abren la posibilidad de que prácticas ilícitas que ya existieron en el pasado reaparezcan”, advierte el periodista.
Además, señala que la crisis económica en Israel, el retiro de inversiones y el desplome del turismo añaden presión sobre redes criminales que ya operaban en ecosistemas debilitados.
¿Estructura organizada o actores dispersos?
Klarenberg no propone una teoría de coordinación centralizada. Más bien sostiene que los casos dispersos —Wolfman, Medicus, Sudáfrica y otras redes en África y Europa— comparten patrones que deberían investigarse a fondo.
Hasta que no exista acceso independiente a Gaza, los territorios ocupados y las morgues israelíes, el debate seguirá marcado por la opacidad y un historial de irregularidades ampliamente documentadas.
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Fotografía: Redes
