En una nueva escalada de su agenda antiinmigrante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó al Departamento del Tesoro a recortar beneficios fiscales y apoyos federales a migrantes indocumentados, una medida que su titular, Scott Bessent, presentó como una acción para “preservar” dichos recursos para ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y expertos en política pública advierten que la narrativa gubernamental busca capitalizar un incidente aislado para justificar una ofensiva más amplia contra poblaciones vulnerables.
Bessent informó que el Tesoro “emitirá regulaciones que aclaran que las porciones reembolsadas de ciertos beneficios de impuestos sobre la renta individual ya no estarán disponibles para extranjeros ilegales y otros no calificados”. El anuncio se realizó a través de su cuenta de X, sin mayores detalles técnicos, pero el lenguaje empleado —“preservar para los ciudadanos”— apunta a una estrategia política más que fiscal.
La medida fue acompañada por declaraciones aún más radicales del propio Trump. El mandatario prometió “suspender de forma permanente” la migración desde todos los países del llamado Tercer Mundo, una categoría imprecisa que abarca a la mayor parte del planeta. Además, aseguró que deportará a cualquier extranjero que, a su criterio, represente una “carga pública”, una “amenaza para la seguridad” o resulte “incompatible con la civilización occidental”, un concepto que especialistas describen como vago, arbitrario y con ecos de supremacismo cultural.
Los anuncios se dieron después de que un ciudadano afgano, beneficiario del programa Operación Bienvenidos Aliados durante la administración anterior, disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Aunque el caso aún está bajo investigación y se desconoce si el agresor tenía antecedentes relevantes, la Casa Blanca no esperó resultados para vincular migración y amenaza, retomando una narrativa que ha sido criticada por generar percepciones distorsionadas sobre seguridad pública.
Analistas consultados subrayan que los beneficios fiscales reembolsables —como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)— son herramientas diseñadas para reducir la pobreza laboral y que, en la mayoría de los casos, ya están limitados a contribuyentes con estatus legal específico. En ese sentido, la propuesta del Tesoro podría tener impacto más simbólico que presupuestal, pero sí profundizaría la estigmatización de comunidades enteras.
La administración Trump, que ha endurecido su discurso migratorio en las últimas semanas, apuesta a medidas de alto impacto mediático para apuntalar su narrativa de “restaurar el orden”. No obstante, críticos alertan sobre la creciente instrumentalización de episodios aislados para justificar políticas expansivas, punitivas y potencialmente discriminatorias.
El anuncio del Tesoro llega así en un contexto donde la política migratoria estadounidense parece estar guiada más por motivaciones ideológicas y electorales que por evidencia empírica, mientras millones de migrantes —documentados e indocumentados— continúan sosteniendo sectores enteros de la economía sin acceso pleno a derechos ni protecciones.
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