La informalidad laboral continúa dominando el mercado de trabajo en Puebla. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2025, siete de cada diez personas ocupadas en la entidad –70.2 por ciento– laboran sin contrato, seguridad social ni prestaciones, una condición que afecta a más de 2.2 millones de poblanos.
El fenómeno, lejos de ceder, mostró un deterioro respecto a 2024: 24 mil personas más se incorporaron a actividades informales, empujadas principalmente por la expansión del comercio ambulante, los micronegocios y los servicios sin registro fiscal. Aunque la población ocupada total aumentó ligeramente hasta alcanzar 3.1 millones de personas, la creación de empleo formal sigue siendo insuficiente para revertir el predominio de la precariedad laboral. En el periodo, se generaron apenas 373 mil 62 empleos con prestaciones, cifra que no modifica el peso estructural de la informalidad en el estado.
El informe del INEGI revela que las mujeres concentran el principal crecimiento del empleo informal. Entre 2024 y 2025, el número de trabajadoras en esta condición aumentó de 929 mil a 947 mil, mientras que el empleo informal masculino se mantuvo estable en 1.2 millones.
Factores como el trabajo doméstico no remunerado, el predominio de empleos de medio tiempo sin contrato, la participación en micronegocios familiares y el menor acceso a la seguridad social explican la vulnerabilidad laboral femenina.
A nivel estatal, 1.1 millones de personas laboran directamente en el sector informal —es decir, en unidades económicas sin registro—, mientras que el resto se distribuye entre trabajo por cuenta propia, servicios domésticos sin contrato y empleos sin seguridad social dentro de empresas formales.
A pesar de una de las tasas de desocupación más bajas del país (2.5 %), el mercado laboral poblano enfrenta serios indicadores de precarización. El 41.7 por ciento de la población ocupada trabaja en condiciones críticas, ya sea con salarios bajos, jornadas prolongadas o horas insuficientes. Además, el 6.2 por ciento está subocupado, es decir, requiere más horas de trabajo para cubrir sus necesidades económicas.
La elevada informalidad, advierte la ENOE, limita el acceso a derechos laborales fundamentales, restringe la recaudación fiscal y afecta la productividad económica del estado, que arrastra desde hace dos décadas uno de los niveles más altos de informalidad del país.
Con 70 por ciento de su fuerza laboral atrapada en empleos sin derechos, Puebla se mantiene entre las entidades con mayores niveles de informalidad del país. Pese a los intentos de diversas administraciones, la falta de regulación, la fragilidad del sector productivo y el crecimiento del autoempleo continúan profundizando una problemática estructural que frena la estabilidad y el bienestar económico de millones de familias.
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