Desde enero de 2022 a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha recibido 12 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal debido a violaciones graves a derechos humanos, principalmente relacionadas con tortura cometida por agentes ministeriales.
Cifras públicas del propio organismo autónomo muestran que, en casi cuatro años, la Fiscalía ha promediado tres recomendaciones anuales por este delito, lo que revela un patrón sostenido de prácticas violatorias dentro de la institución encargada de investigar delitos.
Casos recientes: tortura para obtener confesiones
Tan solo en 2025, la CDH ha emitido tres recomendaciones luego de acreditar que agentes ministeriales recurrieron a tortura para forzar a personas detenidas a firmar declaraciones de responsabilidad penal.
Uno de los casos más graves involucra a un hombre detenido inicialmente por policías municipales de Nealtican y trasladado a los separos. Posteriormente, agentes ministeriales lo privaron de la libertad, lo torturaron y lo amenazaron para obligarlo a firmar una confesión que lo mantiene encarcelado.
A estos hechos se suma un caso de 2023, cuando un ciudadano denunció ante la CDH que él y su familia fueron golpeados y sometidos por ministeriales durante un operativo en su domicilio.
En 2022 se documentaron dos episodios más:
- Un hombre detenido en 2007 denunció haber sido acusado falsamente y torturado por ministeriales en Huauchinango.
- Ese mismo año, dos hombres que viajaban en motocicleta fueron privados de la libertad y agredidos por agentes que posteriormente los señalaron por presunto robo.
Reforma en curso ante reiteración de violaciones
Las recomendaciones acumuladas mantienen bajo fuerte escrutinio a la Fiscalía de Puebla. En respuesta, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió recientemente al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de la Fiscalía General para que la tortura y el encubrimiento de violaciones a derechos humanos sean catalogados como faltas graves, lo que permitiría sanciones más severas contra servidores públicos responsables.
