Puebla, 2 de diciembre.— En su conferencia de este martes, el gobernador Alejandro Armenta lanzó una de sus acusaciones más fuertes hasta ahora contra gobiernos anteriores y contra lo que llamó “el cártel del despojo” y “el cártel de los contratos leoninos”, asegurando que por dos décadas operó en Puebla un entramado entre funcionarios, empresarios y operadores judiciales que permitió el saqueo sistemático del erario.
El mandatario anticipó que presentará una resolución de la Suprema Corte que, afirmó, “no han dimensionado”, porque significaría un precedente clave para frenar este tipo de prácticas. “Eso es justicia”, sostuvo al señalar que con ello se terminará “la complicidad de seudo empresarios con delincuentes disfrazados de gobernantes”.
Contratos inflados, obras inexistentes y sentencias millonarias contra Puebla
Armenta explicó que desde hace 15 o 20 años se realizaron obras con graves irregularidades, donde funcionarios de infraestructura y finanzas avalaron sobrecostos, trabajos complementarios ficticios y finiquitos que inflaron artificialmente los montos. “Trabajos complementarios por miles de millones de pesos… es una forma de saqueo al erario público”, dijo.
El mandatario detalló que abogados del propio gobierno, quienes debían defender el interés público, estaban coludidos con empresas constructoras para simular obras inexistentes, mientras inspectores firmaban documentos que validaban trabajos que nunca se realizaron.
De acuerdo con el gobernador, este mecanismo derivó en que, al inicio de su administración, Puebla enfrentara más de 10 contratos perdidos por sentencia judicial, lo que obliga al estado a pagar miles de millones de pesos por obras inexistentes o infladas. Un ejemplo que expuso: una carretera de 10 millones que presuntamente obtuvo “cunetas adicionales” por 5 millones, pero que tras años de litigio se convirtió en una obligación judicial de 700 millones de pesos.
“Los magistrados y jueces en Puebla sentenciaban a favor de las empresas para avalar la corrupción”, denunció.
“Asociación delictuosa”: Armenta califica el esquema como delincuencia organizada
El gobernador cuestionó por qué él tendría que pagar, como representante del estado, obras que nunca se hicieron o que fueron utilizadas para desviar recursos. Ante el modus operandi descrito, Armenta se dirigió a los abogados presentes: “Cuando más de dos personas se organizan para cometer un ilícito, ¿cómo se llama eso? Asociación delictuosa, delincuencia organizada”.
De manera directa afirmó que en Puebla existieron gobernantes que “cometieron actos probables de delincuencia organizada” y que su administración está enfrentando “a la delincuencia organizada hecho gobierno”.
Armenta insistió en que este es el tamaño real del problema que heredó el estado y que su gobierno está decidido a desmontar, con apoyo del Poder Judicial federal y nuevas formas de fiscalización.
