En una nueva escalada de la violencia ocupacional, el ejército israelí impuso un toque de queda indefinido en el pueblo de Qabatiya, al sur de Jenin, y demolió las viviendas de dos prisioneros palestinos en el norte de Cisjordania, según confirmaron fuentes locales este martes.
Ali Zakarna, miembro del concejo municipal de Qabatiya, denunció que las fuerzas de ocupación llevaban varios días asentadas en la localidad antes de tomar varias casas para usarlas como puestos militares. Posteriormente, anunciaron la restricción total de movimiento para la población civil «hasta nuevo aviso», una medida que constituye un castigo colectivo.
De manera paralela, en las localidades de Aqaba y Zawata, testigos reportaron la demolición de los hogares de los prisioneros Abdul Karim Sanoubar y Ayman Ghanem. Esta práctica de demolición de viviendas es una política israelí ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos, ya que afecta a familias enteras y es considerada una forma de castigo colectivo y un crimen de guerra.
La narrativa oficial israelí, reproducida por sus medios, justifica estas acciones vinculando a los detenidos con ataques. Sin embargo, desde una perspectiva legal internacional, estas demoliciones son una forma de castigo colectivo prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, que no distingue entre responsabilidad individual y el derecho a la vivienda de familias enteras.
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Fotografía: Majdi Mohammed
