Tras una sesión de más de 24 horas marcada por insultos, empujones y un clima de alta tensión política, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y en lo particular el dictamen que crea la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el derecho humano al agua y “devolver este recurso a la Nación como bien estratégico”. La minuta fue turnada al Senado, donde iniciará discusión este mismo día.
El dictamen fue avalado con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, principalmente con el respaldo de Morena y sus aliados. La oposición votó en bloque contra la propuesta, argumentando que el proceso se llevó a cabo en “fast-track” y sin una consulta indígena previa.
Durante la madrugada, el pleno aprobó un paquete de 18 reservas presentadas por el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila, que se sumaron a las 50 modificaciones previamente hechas para atender inconformidades de productores agrícolas que se habían movilizado en San Lázaro.
Entre los ajustes destacan:
- Reconocimiento de que las concesiones de agua podrán transmitirse, heredarse o venderse, aclaración impulsada por el PVEM para dar certidumbre a los usuarios.
- Límites mínimos y máximos a sanciones económicas, dejando las más altas para conductas graves como extracción ilegal a gran escala, daños ambientales o desvío de aguas nacionales.
- Creación de un nuevo capítulo penal, que establece que los delitos contra las aguas nacionales serán perseguidos de oficio.
El diputado Carlos Puente Salas (PVEM) afirmó que las reservas buscan responder a la preocupación de productores que temían perder derechos adquiridos.
La oposición insistió en revisar el dictamen artículo por artículo. Monreal aceptó el desafío, y el PRI —según diputados de ese partido— buscó deliberadamente prolongar la sesión para posicionarse en los noticieros matutinos. El único partido que redujo intervenciones fue Movimiento Ciudadano.
Bloqueos campesinos y acuerdos de última hora
Las discusiones comenzaron en medio de protestas de campesinos y representantes del campo, quienes bloquearon accesos al recinto legislativo para exigir ajustes a la ley. Tras la incorporación de las reservas nocturnas, los bloqueos fueron retirados.
Al mediodía del jueves y tras 21 horas de debate continuo, los coordinadores parlamentarios llegaron a un acuerdo para reducir drásticamente el número de oradores: de 80 previstos, solo 16 intervinieron.
En el cierre de la sesión, Monreal destacó que, pese a los desencuentros, se logró reconducir el debate y evitar que se extendiera “toda la tarde y parte de la noche”. La aprobación del dictamen, subrayó, representa “un paso fundamental para fortalecer la administración pública del agua y garantizar su acceso como derecho humano”.
La discusión ahora pasa al Senado, donde se prevé un nuevo episodio de confrontación entre mayoría y oposición, así como la presencia de grupos de productores que buscan garantizar que sus derechos hídricos se mantengan sin cambios.
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