La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la captura de Ulises N., señalado como el segundo presunto agresor sexual de una niña nahua de 11 años originaria de Pahuatlán. El hombre fue localizado en Guanajuato, a donde habría huido tras los señalamientos en su contra.
El colectivo Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS) había advertido que, pese a la detención del primer presunto responsable —el tío de la menor, Eduardo N., asegurado el 28 de noviembre—, faltaba la aprehensión del vecino que también habría participado en la agresión. Las activistas explicaron que ambas personas habrían atacado a la niña durante septiembre.
El caso generó amplia indignación entre organizaciones de la región, no solo por la gravedad de la agresión, sino también por las omisiones institucionales ocurridas durante la primera atención, cuando la menor no pudo presentar su denuncia debido a la ausencia de un perito traductor náhuatl–español en la delegación de la FGE en Huauchinango.
Colectivos señalaron que esta carencia revictimiza a niñas y mujeres indígenas y limita el acceso efectivo a la justicia.
Aunque la FGE resguardó a la menor y a su familia en la Casa Libre Carmen Serdán, grupos feministas insistieron en que el caso evidencia una problemática estructural: la falta de personal capacitado para atender a comunidades indígenas en procesos legales sensibles.
La captura en Guanajuato
Información oficial detalla que la Fiscalía poblana solicitó apoyo a su homóloga en Guanajuato después de confirmar que Ulises N. abandonó Puebla tras conocerse los hechos. Tras varias acciones operativas coordinadas, agentes investigadores lograron ubicarlo y detenerlo.
La niña relató que el ataque ocurrió el 5 de septiembre, cuando acudió al domicilio del vecino para buscar a su hermano menor. Según la carpeta de investigación, el hombre la agredió sexualmente y la amenazó para evitar que denunciara.
Proceso jurídico en curso
El primer presunto agresor, Eduardo N., ya fue vinculado a proceso por violación equiparada. Ahora ambos permanecen bajo control judicial mientras la FGE integra una carpeta de investigación con especialistas en trabajo social, medicina y psicología, además del acompañamiento de un traductor de la región.
La Fiscalía, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, reiteró que la institución mantiene su compromiso de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos donde sus derechos han sido vulnerados.
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