El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la designación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como su representante ante América del Norte, en un movimiento que refuerza los vínculos del blanquiazul con uno de sus cuadros más controversiales. La decisión se presentó como un relanzamiento internacional del partido, pero al mismo tiempo exhibe la fragilidad ética con la que el PAN pretende reconectar con la comunidad migrante y con interlocutores políticos en Estados Unidos y Canadá.
El anuncio se realizó desde una videollamada, ya que el exmandatario radica en Estados Unidos desde que concluyó su periodo en 2022, situación que ha sido interpretada tanto como un retiro estratégico como una forma de evitar presiones legales en México, mientras enfrenta acusaciones y denuncias activas por extorsión, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero Herrera y Mariana Gómez del Campo, defendió la designación como parte de una agenda de internacionalización del partido. Sin embargo, la apuesta interna parece estar menos relacionada con la diplomacia y más con blindar políticamente a un personaje cuya trayectoria judicial ha marcado la agenda de Tamaulipas durante casi una década.
Un nombramiento con alto costo político
Presentar a García Cabeza de Vaca como interlocutor internacional supone un desafío de credibilidad para el PAN. El partido intenta reposicionarse como oposición responsable, pero acude a una figura que acumula controversias judiciales, señalamientos por corrupción y denuncias por el presunto uso ilegal de estructuras policiacas estatales para extorsionar y controlar el tránsito de hidrocarburos.
La designación coincidió con una nueva denuncia presentada por legisladores de Morena ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por supuesta operación de un “mini SAT” en carreteras de Tamaulipas, con el que se habrían extorsionado a transportistas y permitido el tránsito de ferrotanques con combustible irregular. De acuerdo con los acusadores, el esquema operó bajo supervisión policiaca estatal y fuera de las atribuciones legales del gobierno local.
Si bien Cabeza de Vaca niega cualquier responsabilidad y sostiene que las acusaciones son persecución política, el historial judicial es extenso. En 2021, la Cámara de Diputados aprobó un juicio de desafuero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que organismos estatales y la Suprema Corte facilitaron que el exgobernador mantuviera el fuero y concluyera su cargo. Ninguno de estos episodios fue jurídico menor, sino parte de una confrontación política entre el federalismo y un modelo local de poder con amplias zonas de discrecionalidad.
Para el PAN, convertir a Cabeza de Vaca en rostro internacional no solo supone un reconocimiento interno: también envía un mensaje contradictorio en momentos en que el partido promete renovación, transparencia y reconstrucción institucional. Apostar por perfiles con investigaciones activas y alta confrontación judicial puede reforzar la percepción pública de que el panismo no tiene cuadros limpios ni liderazgo con credibilidad suficiente para representar a México en el exterior.
Trayectoria judicial y sombra permanente sobre Tamaulipas
García Cabeza de Vaca construyó su carrera como exalcalde de Reynosa, senador y gobernador de un estado históricamente condicionado por el crimen organizado y el trasiego ilegal de combustible. Su gobierno impulsó discursos de coordinación internacional y mano dura, pero las denuncias indican que también habría permitido estructuras operativas con margen de acción fuera del estado de derecho.
Las acusaciones más recientes señalan un esquema de revisión y extorsión a transportistas en carreteras, con confiscaciones selectivas de combustible irregular y permisividad sistemática a ferrotanques que cruzaban el estado. Legisladores morenistas sostienen que las aduanas oficiales fueron sustituidas por retenes estatales controlados por mandos armados, con una utilidad legalmente injustificable y con beneficios que no se transparentaron.
Aunque no existe sentencia firme, el volumen, continuidad y coincidencia de las denuncias pinta un escenario complejo para la credibilidad del exmandatario. A esto se suman dudas sobre su nacionalidad y residencia: opositores afirman que opera entre McAllen y Houston, mientras el PAN lo presenta como interlocutor internacional. Para críticos, no es diplomacia, sino protección política en territorio extranjero.
El PAN parece haber calculado que el desgaste legal de su designado será menos relevante que su capacidad de operar mediáticamente desde Estados Unidos. No obstante, convertir a Cabeza de Vaca en vocero internacional amplifica el riesgo: cualquier evolución judicial impactará al partido y reforzará la imagen de un panismo incapaz de deslindarse de figuras con controversias legales profundas.
