En Puebla, una parte significativa de la población encarcelada pertenece al grupo de jóvenes y adultos que normalmente buscan integrarse al mercado laboral. De acuerdo con una investigación reciente de la UPAEP, el 63 % de las personas privadas de la libertad tiene entre 19 y 39 años, un dato que confirma la estrecha relación entre falta de oportunidades económicas y participación en actividades delictivas.
Durante la presentación de su estudio, el académico Óscar Salomón Castañeda explicó que su análisis conecta los niveles de desempleo y bajos ingresos con el incremento de prácticas ilícitas en el país. El especialista detalló que, según los datos revisados, la carencia de empleo formal está asociada principalmente a delitos como homicidio doloso, lesiones dolosas y robo a casa-habitación, lo que muestra cómo la presión económica puede influir en la toma de decisiones de riesgo.
Basado en cifras oficiales del Inegi, el investigador señaló que el 70 % de las mujeres y el 84 % de los hombres en prisión tienen al menos un hijo, lo que implica una carga económica que muchas veces no pueden solventar. En el caso de las mujeres, indicó que el impacto es aún mayor, pues gran parte de ellas es responsable de dos o más menores, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Salomón Castañeda también advirtió que este escenario no termina al salir de prisión. Muchas personas que ya cumplieron su sentencia continúan enfrentando serias barreras para acceder a un empleo, lo que las expone nuevamente a contextos de riesgo. Según explicó, su estudio no pretende condonar delitos, sino visibilizar los factores estructurales que favorecen la reincidencia y la comisión de actos ilícitos.
El académico consideró urgente que las autoridades impulsen programas de empleo y estrategias de generación de ingresos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Afirmó que fortalecer estas oportunidades podría reducir su exposición a grupos o actividades delictivas y mejorar sus expectativas de vida.
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