La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió sobre una amenaza directa al orden constitucional, luego de que el expresidente Juan Orlando Hernández —recientemente liberado en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente Donald Trump— fuera señalado como presunto actor de una estrategia para desestabilizar al actual gobierno en medio de la incertidumbre electoral.
Castro informó que datos de inteligencia validados por su administración apuntan a un plan para que Hernández regrese al país con el objetivo de influir en el desenlace de las elecciones presidenciales, cuyos resultados aún no han sido confirmados oficialmente. De acuerdo con la mandataria, este movimiento formaría parte de una ofensiva política destinada a quebrar el orden democrático mediante un golpe de Estado.
Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo hondureño llamó a la población a movilizarse de forma pacífica en Tegucigalpa, con la finalidad de proteger el mandato popular, rechazar cualquier intento de ruptura institucional y visibilizar ante la comunidad internacional el riesgo que enfrenta la democracia del país.
Hernández rechaza las acusaciones
Por su parte, Juan Orlando Hernández negó de manera tajante las acusaciones, asegurando que no existe ningún plan para regresar a Honduras ni intención alguna de intervenir en el proceso político. El exmandatario sostuvo que las declaraciones del gobierno buscan generar miedo y confusión entre la ciudadanía en un momento de alta tensión política.
Hernández también explicó que no contempla volver al país debido a preocupaciones por su seguridad personal y la de su familia, y afirmó contar con información que advierte sobre posibles amenazas en su contra, las cuales atribuye al clima de confrontación política actual.
Antecedentes judiciales y nueva orden de captura
El expresidente hondureño fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas, además de recibir sanciones económicas millonarias. Sin embargo, su liberación se produjo tras un indulto concedido por Donald Trump, quien argumentó un trato injusto durante el proceso judicial.
Tras recuperar la libertad, la Fiscalía de Honduras confirmó la existencia de una orden de captura internacional contra Hernández por delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al Caso Pandora, una red de corrupción que desvió recursos públicos hacia campañas políticas.
El fiscal general Johel Antonio Zelaya señaló que las estructuras de corrupción y crimen organizado han causado daños profundos al país, por lo que reiteró el compromiso del Estado hondureño de llevar a los responsables ante la justicia.
Señalamientos de injerencia extranjera y crisis electoral
En paralelo, el Gobierno de Honduras denunció la presunta injerencia de Donald Trump en el proceso electoral, acusándolo de presionar a la ciudadanía para favorecer al candidato de ultraderecha Nasry Asfura, incluso con advertencias sobre posibles represalias económicas.
El proceso electoral se mantiene bajo escrutinio debido a fallas técnicas que obligaron a suspender y reiniciar el conteo de votos, aunque la Misión de Observación de la OEA descartó irregularidades deliberadas, señalando que los problemas no constituyen fraude.
México fija postura
Desde México, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera, reiterando que el respeto a la soberanía y a la voluntad popular debe prevalecer. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento constante a la situación en Honduras.
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