La asociación civil Chicas de la 14, integrada por trabajadoras sexuales del municipio de Puebla, denunció que al menos 85 de sus integrantes han sido víctimas de agresiones durante 2025, por lo que exigieron acciones urgentes para poner fin a la estigmatización y criminalización de su actividad.
En el contexto del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, conmemorado este 17 de diciembre, la agrupación señaló que la falta de reconocimiento legal ha generado un entorno de vulnerabilidad, violencia y discriminación sistemática contra quienes ejercen este trabajo.
La representante del colectivo, Mariela Yazmín González Galindo, explicó que el trabajo sexual ha sido históricamente asociado de forma errónea con delitos como la trata de personas, lo que ha derivado en políticas punitivas y en el rechazo social hacia el sector. Desde su perspectiva, esta narrativa ha impedido el diseño de políticas públicas que protejan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Actualmente, Chicas de la 14 está conformada por aproximadamente 150 mujeres cisgénero y transgénero, quienes ejercen principalmente en la Avenida 14 Oriente-Poniente, una zona donde, según denunciaron, enfrentan agresiones constantes por parte de transeúntes.
De acuerdo con la organización, los ataques van desde agresiones físicas con líquidos como aceite, agua u orines, hasta escupitajos e insultos con lenguaje altamente violento, lo que ha generado un clima de hostigamiento que atenta contra su seguridad y dignidad.
La asociación también recordó que ha solicitado apoyo al gobierno municipal de Puebla para eliminar las sanciones administrativas contra el trabajo sexual. Sin embargo, recientemente la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual rechazó una propuesta que buscaba dejar de considerar la prostitución como una falta administrativa.
Ante la falta de avances a nivel municipal, el colectivo informó que ha iniciado diálogos con el Poder Legislativo, con el objetivo de promover reformas a la Ley de Salud y a la Ley del Trabajo, que obliguen a los ayuntamientos a reconocer y regular el trabajo sexual sin criminalizarlo.
Entre sus principales demandas se encuentra la modificación del artículo 209 del Código Reglamentario Municipal (Coremun), el cual actualmente sanciona la prostitución en vía pública con multas superiores a los 11 mil pesos, arrestos de hasta 36 horas, amonestaciones o servicio comunitario.
Foto: Agencia Enfoque
