PRI Puebla enfrenta cuestionamientos por orden de aprehensión contra exedil de Chignahuapan Lorenzo Rivera

Este miércoles, el aspirante no se presentó a un encuentro con medios de comunicación

A un día de que inicie el proceso de renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, se dio a conocer que Lorenzo Rivera Nava, uno de los aspirantes, enfrenta una orden de aprehensión por haber contratado a un policía con antecedentes penales durante su gestión como presidente municipal de Chignahuapan.

Medios locales difundieron que la orden fue emitida desde el 22 de marzo de 2024 por un juez de control de Zacatlán, y también incluye a José Manuel Flores Ordoñez, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública en aquella administración.

La medida judicial surge de una investigación iniciada en 2022, tras la muerte de dos elementos del Grupo Táctico de la Policía Municipal en un enfrentamiento con presuntos integrantes de una banda de huachicoleros. Durante las indagatorias, se descubrió que uno de los policías fallecidos, Juan Carlos Pérez Hernández, contaba con antecedentes penales por homicidio en 2018.

Especialistas legales señalan que esto representa una omisión grave, ya que los municipios están obligados a revisar los antecedentes de sus policías para evitar que personal con historial delictivo forme parte de las corporaciones. Esta situación derivó en la salida de Juan Manuel Flores Ordoñez de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2022, cuando Rivera llevaba poco más de un año al frente de la presidencia municipal.

Durante esta semana, Lorenzo Rivera se ha mostrado activo en su intención de dirigir el PRI, asistiendo a ruedas de prensa semanales del partido en la capital del estado; sin embargo, este miércoles no se presentó a un encuentro con medios.

Por su parte, Juan José Juto Castro, delegado con funciones de dirigente del PRI, evitó respaldar directamente al aspirante, enfatizando que todos los militantes están sujetos a la ley y deberán responder ante las autoridades si se les comprueba algún delito. Castro explicó que, aunque conoce a Rivera, ningún priista tiene privilegio legal y deberá acreditar su situación ante la justicia.

Foto: Agencia Enfoque

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