La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la designación del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) como organización criminal transnacional por parte del gobierno de Estados Unidos restringe de manera severa su acceso a recursos y activos financieros internacionales. La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, explicó que estas sanciones buscan desarticular las capacidades logísticas y financieras del grupo encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, al impedir su participación en operaciones dentro del sistema financiero transfronterizo.
De acuerdo con un comunicado oficial, esta acción se suma a las estrategias implementadas en México para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que afectan sectores estratégicos del país. Hacienda señaló que el bloqueo internacional cierra vías de evasión utilizadas mediante prestanombres, intermediarios y estructuras corporativas para mover capitales ilícitos entre países.
En ese contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez Álvarez, ha sostenido un seguimiento permanente de las redes fiscales y corporativas vinculadas al CSRL. Estas investigaciones permitieron que, antes de la decisión de Estados Unidos, Yépez Ortiz fuera incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectarse flujos asociados al robo de hidrocarburos y mecanismos de ocultamiento de recursos.
“La medida adoptada por las autoridades estadounidenses refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México”, afirmó la SHCP. La dependencia destacó que la cooperación bilateral es clave para reducir el liderazgo criminal y limitar la capacidad operativa de la organización en ambos lados de la frontera.
Finalmente, el gobierno federal reiteró que la UIF mantiene coordinación constante con autoridades internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
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