A pocos días de concluir 2025, el exalcalde panista de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, continúa enfrentando cuestionamientos por el presunto daño patrimonial de 270 millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin que se hayan presentado avances significativos para aclarar estas irregularidades.
A pesar de que el órgano fiscalizador le otorgó una prórroga hasta diciembre para justificar los recursos observados, Rivera Pérez no ha logrado demostrar la correcta aplicación de los fondos públicos, situación que ha generado inquietud entre legisladores y expertos en transparencia. Las inconsistencias corresponden a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, periodo que abarca tanto su administración como los primeros meses de su sucesor, Adán Domínguez Sánchez.
Entre los hallazgos más graves se encuentran transferencias sin justificación, gastos irregulares y contratos de obra pública sin documentación comprobatoria, prácticas que ponen en duda la gestión financiera durante su mandato. La ASF había fijado inicialmente como fecha límite el 31 de agosto para que Rivera Pérez solventara las observaciones, pero el plazo se incumplió, lo que evidencia una falta de atención o compromiso con la rendición de cuentas.
La diputada Nora Merino Escamilla, miembro de la Comisión de Vigilancia de la ASF, informó que hasta noviembre sólo se había solventado el 3.51% del presunto daño patrimonial, lo que equivale a apenas 10 millones de pesos, dejando más de 260 millones sin aclarar. De estos, 180 millones aún están en proceso de justificación, mientras que 80 millones carecen de cualquier documento comprobatorio, situación que podría derivar en sanciones o observaciones de mayor gravedad.
A pesar de la gravedad de las irregularidades, Rivera Pérez ha mostrado una actitud de aparente indiferencia, asegurando que se mantiene tranquilo y dispuesto a responder por cada señalamiento, aunque hasta ahora no ha presentado resultados tangibles. Esta postura ha sido criticada por especialistas en transparencia, quienes señalan que la demora y la falta de evidencia refuerzan la percepción de impunidad en la gestión de exfuncionarios públicos.
La Comisión de Vigilancia de la ASF había programado una mesa de trabajo para evaluar los avances en la solventación de recursos, pero hasta el momento no se ha confirmado si se llevó a cabo dicho encuentro, lo que añade más incertidumbre sobre la resolución del caso.
Expertos en fiscalización y rendición de cuentas advierten que la situación podría sentar un precedente negativo: la falta de resultados concretos por parte de exalcaldes no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también compromete la correcta administración de los recursos públicos. El caso de Eduardo Rivera Pérez refleja un patrón preocupante de irregularidades que permanecen sin aclarar, a pesar de la supervisión federal y la presión legislativa.
La historia de los 270 millones sin solventar no solo representa una cifra: es el reflejo de una administración marcada por omisiones, documentos inexistentes y retrasos constantes, que ponen en jaque la credibilidad del sistema de control y vigilancia de los recursos públicos en Puebla.
Foto: Agencia Enfoque
