La defensa del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, presentó una apelación formal contra la sentencia de 38 años de prisión que le impuso la Corte del Distrito Este de Nueva York, al argumentar presuntas violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas exculpatorias y fabricación de testimonios durante el juicio que presidió el juez Brian Cogan.
De acuerdo con la documentación ingresada ante la Corte de Apelaciones, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib sostienen que el proceso judicial quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del procedimiento. La apelación fue presentada el 18 de diciembre, fecha límite tras una prórroga concedida a la defensa.
García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Ejes de la apelación
El recurso consta de 78 páginas y 22 apéndices con cerca de 4 mil 600 hojas, en los que la defensa desarrolla cinco argumentos centrales que, a su juicio, evidencian violaciones graves al derecho a un juicio justo.
Uno de los puntos medulares es el presunto perjurio de testigos clave de la fiscalía. La defensa afirma que al menos dos declarantes ofrecieron versiones falsas bajo juramento sin que el jurado evaluara adecuadamente las inconsistencias.
Entre los testimonios cuestionados está el del exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien aseguró que García Luna fue secuestrado por sicarios ligados a Los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. Los abogados sostienen que existe evidencia documental que prueba que ese día el exfuncionario se encontraba en el Hospital Ángeles, pagando un tratamiento médico de su esposa.
Además, acusan a Cañedo de mentir sobre la corporación para la que trabajaba y de no haber denunciado formalmente el supuesto secuestro, difundiendo su versión únicamente entre actores políticos y medios.
Otro testimonio impugnado es el de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, a quien la defensa señala por ofrecer relatos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían o la supuesta exhibición de tecnología que la Secretaría de Seguridad Pública nunca adquirió.
Otro eje de la apelación es la acusación de ocultamiento de pruebas exculpatorias. Los abogados aseguran que agencias estadounidenses realizaron revisiones de antecedentes, pruebas de polígrafo y reuniones oficiales con García Luna sin detectar alertas de seguridad, documentos que no fueron presentados al jurado.
También denuncian que la fiscalía omitió informar que al menos uno de los testigos cooperantes continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios judiciales con Estados Unidos.
Asimismo, acusan al juez Cogan de limitar indebidamente el contrainterrogatorio a testigos cooperantes como Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega, lo que —afirman— vulneró el derecho de confrontación. A ello suman la admisión de fotografías de propiedades y bienes sin prueba directa de su origen ilícito, lo que califican como altamente prejuicioso para el jurado.
Finalmente, la defensa cuestiona la pena de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas frente a casos similares. Sostienen que la condena se basó en hechos no probados y que la multa es incongruente con la situación financiera del exfuncionario.
La Corte de Apelaciones deberá ahora analizar los argumentos y determinar si procede anular o reponer el juicio del exsecretario calderonista.
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