Este domingo, Estados Unidos interceptó un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, según medios estadounidenses, sumándose a lo que parece una escalada en la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La operación se produce apenas un día después de la confiscación del buque Centuries, señalado por Washington como parte de la “flota fantasma” destinada a transportar petróleo sancionado de PDVSA.
Sin embargo, el estado del nuevo buque y su carga permanecen desconocidos, y la Casa Blanca aún no confirma oficialmente la interceptación. Esta falta de información genera preguntas sobre la transparencia y la legalidad de estas operaciones, que se presentan como medidas para sancionar a Venezuela, pero que podrían considerarse acciones unilaterales con implicaciones internacionales.
La narrativa de la “flota fantasma” y sus contradicciones
La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, calificó al Centuries como parte de la flota fantasma venezolana que supuestamente trafica petróleo para financiar al régimen de Maduro. La portavoz adjunta, Anna Kelly, insistió en que el buque transportaba crudo de PDVSA, a pesar de que el tanquero no figuraba en la lista negra oficial de sancionados.
Estas declaraciones reflejan un patrón de EE.UU.: justificar confiscaciones mientras se omite información clave, como la propiedad real de los buques y la documentación de sus cargas. El precedente del buque Skipper, incautado el 10 de diciembre, refuerza la idea de que Washington busca controlar el flujo de petróleo venezolano más allá de las sanciones legales reconocidas.
Impacto y respuesta de Venezuela
El presidente Nicolás Maduro calificó la acción estadounidense como “piratería de corsarios” y denunció lo que considera un robo de recursos nacionales. Maduro sostiene que su país ha enfrentado durante semanas campañas de agresión que incluyen desde “terrorismo psicológico” hasta ataques directos a petroleros, mientras asegura que Venezuela está preparada para continuar su proyecto político y la llamada revolución profunda.
Desde un enfoque crítico, la narrativa de EE.UU. sobre la “flota fantasma” y el petróleo sancionado parece construir un marco que justifica operaciones militares y económicas sin evidencia pública clara, mientras que la respuesta venezolana enfatiza la violación de la soberanía nacional y la agresión unilateral. La tensión crece en el Caribe, con implicaciones geopolíticas y económicas para la región, dejando en el aire la pregunta: ¿se trata de seguridad energética o de presión política?
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