El titular de la Coordinación de Gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, señaló que durante administraciones pasadas existían prácticas de corrupción vinculadas a la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Según sus declaraciones, algunos funcionarios públicos pedían pagos a cambio de obtener recomendaciones de la CDH, lo que significa que no todos los pronunciamientos se emitían de manera imparcial o siguiendo los procedimientos correctos. Este tipo de irregularidades habría influido directamente en la cantidad de documentos emitidos en años anteriores, creando una percepción de eficiencia que, en realidad, estaba marcada por actos indebidos.
Las recomendaciones de la CDH son pronunciamientos oficiales que se generan tras la investigación de posibles violaciones a derechos humanos, y tienen como finalidad evitar que estas situaciones se repitan. Cada recomendación busca señalar las responsabilidades de las autoridades involucradas y establecer medidas para proteger los derechos de las personas afectadas. Este mecanismo es clave para garantizar que las autoridades cumplan con la ley y que los ciudadanos reciban protección ante abusos o negligencias.
García Parra explicó que, durante el “viejo régimen”, algunos funcionarios pedían recursos económicos a cambio de que la CDH emitiera sus recomendaciones. Esto evidencia que las prácticas corruptas estaban integradas en ciertos niveles del gobierno, afectando la transparencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En contraste, la actual titular, Rosa Isela Sánchez Soya, ha emitido solo 18 recomendaciones en su primer año de gestión, lo que ha generado críticas de algunos sectores que esperan mayor actividad de la comisión. Sin embargo, estas cifras bajas no necesariamente reflejan falta de trabajo, sino que pueden ser consecuencia de la eliminación de prácticas indebidas que inflaban artificialmente los números en administraciones anteriores.
El coordinador de Gabinete adelantó que en enero próximo, Sánchez Soya deberá comparecer ante el Congreso del Estado, un paso que permitirá a los legisladores conocer con mayor detalle cómo opera actualmente la CDH, así como los criterios y procedimientos utilizados para emitir recomendaciones. García Parra destacó que esta comparecencia es una medida de transparencia y rendición de cuentas, y permitirá despejar dudas sobre la gestión de la comisión en su primer año. Además, señaló que la ombudsperson ya entregó su informe anual ante el Poder Legislativo, por lo que la comparecencia será el momento formal para discutir el contenido del documento y responder a preguntas de los legisladores sobre su aplicación y resultados.
Impacto ambiental del cablebús en Puebla
En otro tema, García Parra confirmó que la construcción del cablebús en Puebla, proyectada para iniciar operaciones en 2029, implicará el retiro de árboles en la zona de la 11 Sur. Esta medida es inevitable debido a la necesidad de preparar la infraestructura para el nuevo sistema de transporte, pero el funcionario destacó que existen planes de compensación ambiental. Según lo señalado, las empresas responsables del proyecto están comprometidas a reforestar al menos 10 mil especies arbóreas en la ciudad y sus alrededores, lo que permitirá reducir el impacto ambiental generado por la tala de árboles y contribuir a la recuperación de áreas verdes. Estas acciones buscan garantizar que el desarrollo urbano y la movilidad no se realicen a costa del medio ambiente, sino que incluyan medidas que protejan y restauren los espacios naturales.
Foto: Agencia Enfoque
