La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó este lunes 29 de diciembre los avances del Plan de Justicia para Cananea, el cual contará con un fondo superior a los 2 mil 200 millones de pesos, luego de que se pusiera fin a los 18 años de huelga de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros en la mina de Cananea, Sonora.
Durante la Mañanera del Pueblo, la funcionaria explicó que el pasado 22 de diciembre se firmaron dos acuerdos clave: uno para concluir formalmente la huelga y otro para emprender acciones integrales en materia ambiental, de salud y de acceso al agua para las comunidades afectadas por el derrame de sulfato de cobre ocurrido en 2014 en el Río Sonora.
Detalló que el fondo total asciende a 2 mil 200.6 millones de pesos, de los cuales Grupo México aportará el 70 por ciento (mil 500 mdp); el Gobierno Federal, el 22 por ciento (483.6 mdp), y el Gobierno de Sonora, el 8 por ciento (180 mdp). A esta cifra se suman 59 millones de pesos que la empresa ya había entregado entre 2018 y 2019 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Rodríguez Velázquez subrayó que, desde febrero de este año, se inició un diagnóstico de las demandas de las comunidades ribereñas del Río Sonora para fortalecer las acciones de restauración ambiental, saneamiento del agua y mejora de los servicios de salud, tras el derrame provocado por Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
Entre las acciones anunciadas destaca la instalación de un Centro de Visualización de la Calidad del Agua en tiempo real, el fortalecimiento del Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste, así como la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección, la rehabilitación de seis plantas existentes y la operación de 22 potabilizadoras durante al menos cinco años.
En materia de salud, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que se firmó un convenio para avanzar en la justicia ambiental y el resarcimiento de los daños, que incluye la conversión del hospital comunitario de Ures en un hospital general regional, con 60 camas, áreas de atención intensiva y consultorios de especialidad. Además, se instalará una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, así como un laboratorio especializado en metales pesados, bajo la operación de IMSS-Bienestar.
Bárcena recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre afectó 288.8 kilómetros de la cuenca del Río Sonora y a más de 20 mil personas de municipios como Bavispe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures, con impactos severos en la salud pública, el acceso al agua potable y la economía local.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal, el Sindicato Minero y Grupo México incluye la liquidación de más de 651 trabajadores, así como el pago de indemnizaciones a viudas y familias, y una remediación integral que —dijo— “resarce agravios y abre puertas de esperanza para las comunidades y los mineros de Cananea”.
Las autoridades federales confirmaron que las tareas especializadas de remediación ambiental, saneamiento del agua y fortalecimiento de los servicios de salud ya comenzaron, lo que marca el cierre de un conflicto histórico y el inicio de una nueva etapa para las comunidades afectadas del Río Sonora.
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