La reciente legislación aprobada por el Parlamento israelí para restringir las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha provocado críticas internacionales y preocupación por la situación humanitaria en los territorios palestinos.
El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó la ley como “indignante”, al considerar que contraviene el mandato otorgado por la ONU y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. Según Lazzarini, la normativa limita el suministro de agua, electricidad, combustible y comunicaciones a la agencia y permite al gobierno israelí expropiar propiedades de la ONU, incluyendo su sede principal y centros de formación en Jerusalén Este.
La legislación también excluye explícitamente a la UNRWA de las normas que garantizan inmunidad y privilegios a organismos internacionales, lo que constituye, según la agencia, una violación directa del derecho internacional. Lazzarini alertó que este tipo de medidas sientan un grave precedente y afectan a la independencia de todo el sistema multilateral.
Por su parte, el diputado israelí Boaz Bismut justificó la ley afirmando que algunos empleados de la UNRWA habrían colaborado con grupos armados, señalando vínculos con Hamás. La medida ha sido rechazada por líderes palestinos, como Mustafa Barghouti, quien la calificó de violación del derecho internacional.
Además de la UNRWA, el gobierno israelí anunció que retirará las licencias de varias ONG internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), alegando supuestos vínculos de empleados con organizaciones islamistas. La ONG médica advirtió que su salida de Gaza tendría “consecuencias devastadoras”, ya que prestan asistencia esencial en hospitales y partos, afectando directamente a cientos de miles de personas.
El Ministerio israelí asegura que las medidas se aplican a un pequeño porcentaje de ONG que no cumplieron los requisitos de transparencia y registro de empleados, y que no afectarán al flujo general de ayuda humanitaria. Sin embargo, la UNRWA y las ONG denuncian que estas restricciones ya han derivado en cierre de escuelas y complejos humanitarios, dejando a niños y familias palestinas sin acceso a servicios básicos.
Un grupo de 10 países, incluyendo Francia y Reino Unido, expresó su preocupación por el deterioro humanitario en Gaza, advirtiendo que las medidas podrían generar el cierre de hasta un tercio de los centros sanitarios y complicar la asistencia a 1,3 millones de personas que requieren apoyo urgente en refugio, alimentación y saneamiento.
La nueva legislación permite al Estado de Israel y autoridades locales embargar propiedades de la UNRWA y cortar servicios esenciales, como electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y servicios financieros, lo que afecta no solo a la agencia sino a todas las operaciones humanitarias vinculadas. Según Jonathan Fowler, portavoz de la UNRWA, estas medidas son ilegales según el derecho internacional y representan una decisión sin precedentes a nivel mundial.
Con la entrada en vigor de la ley, la comunidad internacional sigue alerta ante posibles impactos graves sobre los refugiados palestinos, mientras la ONU y las ONG buscan alternativas para continuar su labor humanitaria en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
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