Gobiernos de América Latina y Europa, así como organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, condenaron este la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al considerar que viola el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y pone en riesgo la integridad territorial del país sudamericano y la estabilidad regional.
Las reacciones se produjeron tras el ataque atribuido a fuerzas estadounidenses y la posterior captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El Gobierno de México expresó su rechazo a las acciones y llamó de manera urgente a respetar el derecho internacional y los principios de la ONU, además de exigir el cese de cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.
La administración federal mexicana reiteró su disposición para apoyar esfuerzos de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor. Asimismo, instó a las Naciones Unidas a “actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.
En el ámbito multilateral, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que las acciones militares sientan un “peligroso precedente” y llamó a todos los actores involucrados en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
Desde Europa, el Gobierno de España pidió “desescalada y responsabilidad” y subrayó la necesidad de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, señaló que su administración mantiene un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos y confirmó que la embajada y los consulados españoles en Venezuela continúan operando.
En América del Sur, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que las operaciones militares “han traspasado una línea inaceptable” y constituyen una grave afrenta a la soberanía venezolana, además de establecer un precedente “extremadamente peligroso” para la comunidad internacional. Lula instó a una respuesta firme y advirtió que la violación flagrante del derecho internacional abre la puerta a un mundo de violencia e inestabilidad, reiterando la disposición de Brasil para promover el diálogo y la cooperación.
La Fundación Internacional de Derechos Humanos condenó “en los términos más duros e inequívocos” la agresión militar contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, al calificarla como un “fracaso catastrófico de la diplomacia” y un ataque directo a los principios de la estabilidad mundial. La organización cuestionó además las alianzas militares de Estados Unidos y llamó a trasladar la sede de las Naciones Unidas para “garantizar la imparcialidad y la seguridad de la gobernanza internacional”.
China también se pronunció contra lo que calificó como un “flagrante uso de la fuerza” por parte de Estados Unidos. En un mensaje difundido en redes sociales, el gobierno chino sostuvo que estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, al tiempo que instó a Washington a respetar los propósitos y principios de la Carta de la ONU.
Las condenas se suman en un contexto de alta tensión internacional, con llamados generalizados a la desescalada y a una solución pacífica conforme al derecho internacional.
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