Por primera vez en Tehuacán, la Secretaría de Marina participó en un operativo contra el maltrato animal, interviniendo en un caso de abandono y muerte de perros al interior de un domicilio. El hecho, ocurrido el 24 de junio, representa un precedente importante en la defensa de los derechos animales, ante la inacción reiterada del gobierno municipal encabezado por Alejandro Barroso Chávez.
La Asociación Civil TAC, Una Protección al Entorno, confirmó la intervención de la Marina en una vivienda ubicada en la calle Daniel González #1310, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas por abandono y crueldad animal.
Debido a que el Ayuntamiento carece de facultades legales para ingresar a una propiedad sin orden judicial, las agrupaciones defensoras de animales no pudieron actuar de inmediato, situación que, de no ser por la participación de autoridades federales y ministeriales, hubiera dejado el caso en la impunidad.
La organización detalló que, tras presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, bajo la carpeta CDI 8889/2025, la Unidad de Delitos contra los Animales giró la orden para ejecutar el operativo. En el lugar se encontraron dos perros sin vida, presuntamente por inanición, y otros más en condiciones críticas de abandono.
La FGE se encargará del levantamiento de los cadáveres y el seguimiento legal del caso. Hasta ahora no se ha identificado a la persona responsable de este crimen.
“Los perritos con vida quedaron bajo resguardo del municipio de Tehuacán para que se realicen las diligencias y se finquen responsabilidades sobre quien cometió dicha atrocidad, para que se penalice conforme a la ley”, sentenció la AC TAC.
La asociación también acusó al alcalde Alejandro Barroso de omisión sistemática, señalando que ha ignorado reiteradas denuncias sobre maltrato animal y ha incumplido la Ley de Bienestar Animal en el estado de Puebla.
En esta entidad, el maltrato animal está tipificado como delito y se castiga con penas de hasta cuatro años de prisión y multas superiores a 50 mil pesos. Sin embargo, los activistas denuncian que la falta de voluntad política local ha impedido una aplicación real y efectiva de la ley.
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Fotografía: Redes
