El traslado de 37 internos de alto perfil desde el penal federal de máxima seguridad Cefereso No. 1 “El Altiplano” hacia distintas ciudades de Estados Unidos volvió a colocar bajo los reflectores uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral: cómo se gestionan los grandes perfiles criminales cuando el riesgo no termina en la celda.
La operación fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que el movimiento se realizó a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, como parte de los mecanismos de cooperación en seguridad. De acuerdo con la versión oficial, se trató de perfiles considerados una amenaza real para el país, y el procedimiento se llevó a cabo bajo el marco de la Ley de Seguridad Nacional, además de que Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte.
La decisión, por su escala y por el contexto en el que ocurre, inevitablemente abre comparaciones con un episodio histórico que marcó a América Latina: Colombia en los años noventa, cuando la extradición y el envío de capos a Estados Unidos se convirtió en uno de los ejes de la lucha contra el narcotráfico.
El recuerdo colombiano: cuando mover a los capos era también mover el tablero
En Colombia, el debate alrededor de la extradición no era un asunto meramente legal. Era un tema que tocaba nervios profundos del Estado y de la vida pública: la estabilidad política, la violencia, el control territorial, la infiltración institucional y la presión internacional.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), el país enfrentó una etapa crítica de confrontación con los grandes carteles. En ese periodo, la extradición hacia Estados Unidos fue vista, por un lado, como un instrumento para cortar de raíz redes criminales; y por el otro, como una medida que podía encender aún más la guerra.
No es casual que en aquellos años el tema se volviera un símbolo: los narcotraficantes no sólo querían evitar una cárcel en otro país, también buscaban impedir que sus estructuras quedaran expuestas fuera de su control.
Coincidencias con el caso mexicano: reducir riesgos y cortar capacidad de operación
En México, el traslado de internos de alto perfil llega en un momento donde el foco no está únicamente en el castigo, sino en el impacto que todavía pueden tener ciertas figuras desde prisión.
Para autoridades de seguridad, mover a un interno de ese nivel no significa solo cambiarlo de lugar: significa cortar contactos, disminuir posibilidades de comunicación y reducir el margen para que se mantengan dinámicas de control hacia el exterior. En términos prácticos, es una decisión que suele justificarse por razones inmediatas: prevenir violencia, evitar presiones internas en los centros penitenciarios y desactivar riesgos que, en casos de alto perfil, pueden escalar rápidamente.
En ese punto aparece la primera semejanza con Colombia: cuando el Estado enfrenta estructuras criminales con alto poder de fuego y capacidad de reorganización, la seguridad penitenciaria se vuelve parte central de la seguridad nacional.
El tema de fondo: lo que se sabe, lo que se investiga y lo que se busca probar
En los años noventa, varios analistas explicaban que, además de las condenas, a Estados Unidos le interesaba algo más: la información. No necesariamente en un sentido cinematográfico, sino en lo más básico del trabajo judicial y de inteligencia: conocer rutas, redes financieras, contactos, jerarquías, cadenas de suministro, vínculos internacionales y mecanismos de operación.
En esa lógica, el traslado o extradición de figuras clave podía abrir investigaciones más amplias, no sólo para encarcelar a un individuo, sino para reconstruir estructuras completas.
En el caso mexicano, el propio Gabinete de Seguridad habló de “operadores” criminales. Y ese término también tiene peso: no se refiere únicamente a nombres con notoriedad pública, sino a perfiles que pueden conocer engranajes específicos de operación, logística y mando. Es ahí donde algunos observadores colocan la segunda semejanza con Colombia: la cooperación con EE.UU. no se limita a custodiar personas, sino a sostener procesos y expedientes transnacionales.
Una diferencia importante: el contexto legal y político no es el mismo
Aunque el paralelo histórico es inevitable, México y Colombia no están en el mismo momento ni bajo las mismas condiciones institucionales.
En Colombia, el debate de los noventa estuvo marcado por una disputa abierta sobre la extradición, al punto de que en 1991 se prohibió la extradición de nacionales, un hecho que alteró por completo la estrategia del Estado durante varios años.
México, en cambio, ejecutó un traslado que, según lo informado oficialmente, no se tramitó mediante el canal tradicional de extradición. Eso coloca la conversación en otro terreno: el de los mecanismos de cooperación y las decisiones de seguridad que se toman en circunstancias específicas.
Un movimiento que manda señales en varios niveles
Más allá de los detalles técnicos, el traslado de 37 internos también tiene un mensaje hacia varios frentes.
Hacia dentro del país, comunica una idea de control, coordinación y capacidad de reacción frente a perfiles que representan riesgo. Hacia el exterior, reafirma que la relación con Estados Unidos en materia de seguridad sigue siendo un componente central, especialmente cuando se trata de crimen organizado con redes binacionales.
Y hacia la opinión pública, reabre una pregunta que no es nueva, pero sí constante: qué tanto se puede contener a un liderazgo criminal desde prisión y qué decisiones se toman cuando el Estado considera que la amenaza no desaparece con el encierro.
Colombia vivió esa discusión en los años noventa, en medio de una de sus etapas más violentas. México, con un escenario distinto pero con desafíos propios, vuelve a colocar el tema sobre la mesa. No como un asunto de discurso, sino como un hecho concreto: 37 perfiles considerados de alto riesgo fueron trasladados fuera del país, en una acción que, por su alcance, inevitablemente será leída no solo como un operativo, sino como una pieza más dentro de una estrategia más amplia de seguridad y cooperación internacional.
