Más de 62 mil menores en El Salvador han quedado en situación de vulnerabilidad como consecuencia indirecta de la ofensiva antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Aunque la estrategia de seguridad logró reducir drásticamente los homicidios, el costo social para miles de familias sigue creciendo en silencio.
En comunidades rurales como El Rosario, al oriente del país, adolescentes como Jade enfrentan una realidad marcada por la ausencia paterna, el trabajo precoz y la estigmatización social. Tras la detención de su padre en 2023, la menor y su hermano quedaron al cuidado de su abuela, dependiendo de remesas y de una pequeña granja para subsistir. La adolescente asegura que la captura fue injusta y que el señalamiento social la ha obligado a replantear su vida escolar.
De acuerdo con la ONG Cristosal, unos 62 mil niños menores de 15 años habrían sufrido abandono parcial o total debido a las detenciones masivas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, el cual permite arrestos sin orden judicial. La organización sostiene que muchos de los encarcelados no tenían vínculos comprobados con pandillas, lo que ha generado rupturas familiares profundas.
Las consecuencias no solo son económicas. El estigma social, la ansiedad y el trauma emocional empujan a algunos menores a abandonar la escuela o a cambiar de entorno para evitar señalamientos. Activistas advierten que esta situación configura una “crisis silenciosa” cuyo impacto se reflejará en las próximas décadas.
El gobierno salvadoreño ha rechazado las acusaciones de abusos sistemáticos, aunque admite que alrededor de 8 mil personas han sido liberadas por falta de pruebas. A través del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), las autoridades aseguran brindar apoyo psicológico y programas productivos a las familias cuidadoras. Sin embargo, también sostienen que en algunos casos los padres detenidos ya vulneraban los derechos de sus hijos.
Historias como la de los gemelos Carmen y Manuel reflejan el impacto de estas políticas. Tras la detención de su padre en 2022, ambos adolescentes se vieron obligados a trabajar para apoyar a su familia. Carmen reconoce que tuvo que asumir responsabilidades adultas de forma prematura, aunque logró concluir el bachillerato con excelencia académica, aferrándose a la esperanza de que su padre recupere la libertad.
Para otros menores, esa esperanza se ha extinguido. Cristosal documentó cerca de 180 casos de niños que perdieron a uno de sus padres mientras estaban en prisión, mientras que Socorro Jurídico reporta 470 muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción. Las cifras refuerzan el debate sobre el impacto humano de una política de seguridad celebrada internacionalmente, pero cuestionada por su costo social interno.
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