En Puebla, el 43.8 por ciento de las aguas residuales se descargan sin recibir un tratamiento adecuado, una situación que representa un riesgo directo para el medio ambiente y la salud pública, al permitir que contaminantes regresen a ríos, lagos o sean reutilizados sin control.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la entidad se ubica en el lugar 21 a nivel nacional en el manejo de aguas residuales, lo que refleja un rezago significativo en infraestructura de saneamiento frente a otros estados del país.
El organismo explicó que, aunque en Puebla más de la mitad de las aguas negras sí pasan por algún proceso de tratamiento, esto no elimina el riesgo, ya que muchos efluentes aún contienen contaminantes o no cumplen con estándares óptimos antes de volver al entorno natural.
En contraste, entidades como Durango, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California destacan por lograr que más del 95 por ciento de sus aguas residuales sean tratadas de manera eficiente, reduciendo el impacto ambiental y los riesgos sanitarios.
El reporte señala que las principales fuentes de aguas residuales provienen de actividades domésticas, industriales y urbanas, las cuales arrastran bacterias, sustancias químicas y metales pesados que pueden afectar directamente a la población.
Especialistas advierten que la falta de tratamiento adecuado puede provocar enfermedades gastrointestinales graves, como infecciones intestinales, diarreas o padecimientos asociados a la contaminación del agua, además de dañar ecosistemas acuáticos y poner en riesgo a la fauna.
Otro factor que agrava el problema es que sólo 27 de los 217 municipios de Puebla cuentan con un organismo operador de agua, encargado del suministro, drenaje y saneamiento, lo que limita el acceso de miles de personas a servicios básicos.
A esto se suma que la entidad dispone de apenas 156 plantas de tratamiento, de las cuales sólo 74 operan con baja efectividad, mientras que 82 permanecen abandonadas desde hace años, una condición que incrementa la vulnerabilidad sanitaria y ambiental en el estado.
Foto: Agencia Enfoque
