La discusión sobre un posible endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba volvió a escalar en Washington, luego de que medios y legisladores republicanos retomaran la narrativa de un eventual cambio de régimen en la isla antes de que concluya 2026.
En medio de este escenario, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel supervisó ejercicios militares de carácter defensivo, enfocados en fortalecer la protección territorial del país. El mandatario subrayó que estas maniobras buscan disuadir cualquier intento de agresión externa, al elevar los costos políticos y estratégicos de una intervención.
Desde finales de enero, medios estadounidenses han difundido versiones sobre presuntas discusiones en la Casa Blanca para incrementar la presión sobre La Habana, incluyendo la posibilidad de un bloqueo naval y nuevas sanciones económicas. Asimismo, legisladores republicanos han solicitado abiertamente a México reducir o cancelar su apoyo energético a Cuba, especialmente el suministro de petróleo.
No obstante, especialistas en política exterior consultados señalan que no existen planes concretos ni un calendario definido para promover un cambio de régimen inmediato. Advierten que las filtraciones a la prensa forman parte de una estrategia habitual de presión política y cabildeo interno en Washington, más que de decisiones ejecutivas ya tomadas.
Desde el sector empresarial, analistas con experiencia en comercio bilateral consideran poco probable un bloqueo naval, aunque anticipan mayores restricciones en vuelos comerciales, operaciones financieras y relaciones diplomáticas, además de presiones adicionales sobre terceros países que mantengan vínculos económicos con Cuba, entre ellos México.
Empuje de sectores duros en el Congreso
De acuerdo con reportes recientes, un bloque de legisladores y funcionarios de línea dura busca acelerar un colapso político o una transición negociada en la isla, aprovechando el contexto regional y la ofensiva estadounidense contra Venezuela. Este impulso ha reforzado las expectativas de sectores anticastristas en Florida, que ven en la actual administración una oportunidad para intensificar sanciones.
Algunos funcionarios cercanos al Departamento de Estado promueven la suspensión total de importaciones de petróleo hacia Cuba, aunque reconocen que la medida aún no ha sido aprobada y forma parte de un abanico de opciones.
Posturas encontradas dentro del gobierno estadounidense
Sin embargo, otras voces dentro del aparato gubernamental minimizan la viabilidad de acciones extremas, como un bloqueo naval. Analistas señalan que el énfasis real estaría en presionar mediante herramientas económicas y comerciales, siguiendo un modelo similar al aplicado en Venezuela.
Desde esta óptica, el tipo de sistema político cubano pasa a segundo plano, mientras que la prioridad sería forzar cambios que permitan una economía funcional y controlable desde el exterior.
Liberación de presos y presión regional
Entre las exigencias que podrían plantearse a La Habana se encuentra la liberación de determinados presos, así como eventuales solicitudes de extradición de personas reclamadas por la justicia estadounidense.
Paralelamente, legisladores republicanos han intensificado sus ataques contra el gobierno mexicano, acusándolo de sostener al régimen cubano mediante el envío de petróleo. Estas posturas han sido amplificadas por columnistas influyentes en medios estadounidenses, quienes advierten que la relación bilateral y futuras negociaciones comerciales podrían verse afectadas.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el presidente estadounidense haya autorizado medidas drásticas, pero el debate evidencia una ofensiva política creciente contra Cuba y contra los países que defienden su soberanía frente a Washington.
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