La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 445 votos a favor de Morena, sus aliados, y de manera sorpresiva, del PAN y Movimiento Ciudadano. La sesión estuvo marcada por polémicas y acusaciones del PRI, que denunció un «albazo legislativo», al alegar que se introdujo una reserva de último momento sin debate suficiente ni consenso en la Comisión de Seguridad.
La nueva ley busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, mediante mecanismos de certificación y actualización de las corporaciones. Se otorgan nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para supervisar los fondos de seguridad. Sin embargo, se excluyó la creación del registro nacional de usuarios de telefonía celular, trasladando esa medida a otra iniciativa legislativa.
Aunque PAN y MC votaron a favor, expresaron preocupaciones sobre la militarización de la seguridad y el posible debilitamiento del federalismo. César Damián Retes (PAN) exigió resultados concretos tras la aprobación, mientras el PRI, que votó en contra, acusó un retroceso centralista, al permitir que el Consejo Nacional de Seguridad Pública condicione recursos a estados y municipios.
Desde Morena, se defendió la reforma como una solución a la descoordinación que ha obstaculizado los avances en seguridad. Legisladores como Dolores Padierna y Ricardo Mejía argumentaron que la ley profesionaliza y estandariza la actuación policial, además de fortalecer el sistema nacional de información.
Aún queda pendiente la discusión en lo particular, ya que la oposición presentó reservas a la mayoría de los artículos. El debate continuará en busca de ajustes, mientras crece la expectativa pública por resultados efectivos frente al crimen organizado.
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