La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha del Plan de Justicia para las y los trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, una estrategia integral orientada a saldar una deuda histórica con comunidades que por décadas han laborado en condiciones de precariedad y exclusión social.
Durante la Mañanera del Pueblo realizada en Tijuana, la mandataria federal subrayó que el objetivo central del plan es garantizar el bienestar integral y el ejercicio pleno de derechos laborales, sociales y humanos de miles de jornaleras y jornaleros que sostienen una de las principales regiones agrícolas del país.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el Valle de San Quintín se conformó principalmente por personas migrantes del sur del país, en su mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos provenientes de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, quienes se asentaron en ejidos, colonias y campamentos sin acceso a servicios básicos ni seguridad social.
Las condiciones laborales históricamente desiguales, marcadas por pagos a destajo, extensas jornadas y restricciones a la organización sindical, motivaron la elaboración de un diagnóstico participativo, que incluyó consultas comunitarias, recorridos en hospitales y escuelas, así como un censo casa por casa realizado entre julio y septiembre.
Derivado de este proceso, el Gobierno de México definió nueve ejes de acción, que serán formalizados el 31 de enero en una asamblea comunitaria: Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas; trabajo digno y seguridad social; salud; educación; vivienda adecuada; infraestructura urbana; medio ambiente; mujeres; y bienestar.
Montiel destacó que el plan contempla coordinación interinstitucional con dependencias como el IMSS, la Secretaría de Salud y la Sedatu, para mejorar el acceso a servicios médicos, regular la vivienda y ordenar el crecimiento urbano en una región clave para la producción de fresas y moras.
Sheinbaum afirmó que este Plan de Justicia forma parte de su compromiso número 63 y representa una ampliación del modelo impulsado en el sexenio anterior, ahora enfocado también en comunidades agrícolas históricamente rezagadas, con el propósito de transformar sus condiciones de vida de manera estructural y permanente.
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