Tras darse a conocer un presunto sobrecosto de 80 millones de pesos en una obra de apenas dos kilómetros de pavimentación en San Andrés Cholula, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, llamó a vigilar y revisar el uso de los recursos públicos ejercidos por el Ayuntamiento encabezado por Guadalupe Cuautle Torres.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal explicó que, aunque la fiscalización directa no corresponde al Gobierno del Estado, sí existe la responsabilidad de exigir transparencia cuando hay indicios evidentes de gasto excesivo. En ese sentido, subrayó la necesidad de investigar a fondo el destino del presupuesto municipal.
García Parra consideró que el monto destinado a la pavimentación resulta desproporcionado, y señaló que este tipo de prácticas recuerdan esquemas de administraciones pasadas ligadas al PRIAN, donde —dijo— las obras públicas se convertían en mecanismos de beneficio para gobiernos en turno y empresas constructoras.
Además, recordó que el año pasado la administración de Guadalupe Cuautle solicitó al Gobierno de Puebla un financiamiento superior a mil millones de pesos, supuestamente para atender entre ocho y nueve vialidades, una cifra que calificó como financieramente inviable e irresponsable.
El coordinador de Gabinete advirtió que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula podría intentar construir un discurso de persecución política una vez que se inicien las revisiones al gasto público; sin embargo, aclaró que la supervisión de recursos no puede considerarse persecución cuando el uso del erario es visible y cuestionable.
Asimismo, sostuvo que mientras el gobierno estatal se mantiene al margen de intereses electorales, existen actores municipales que —afirmó— ya piensan en narrativas rumbo a futuros procesos políticos.
García Parra también recordó que la administración anterior de San Andrés Cholula, encabezada por Edmundo Tlatehui Persino, continúa bajo observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a irregularidades que no han sido solventadas, a pesar de la ampliación de plazos otorgada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Finalmente, hizo memoria de otros señalamientos contra el exalcalde, como el gasto de dos millones de pesos en un informe de 100 días de gobierno y la presunta inclusión de familiares en la nómina municipal, antecedentes que —dijo— refuerzan la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre el manejo del dinero público en San Andrés Cholula.
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