Durante más de cuatro décadas, la política antidrogas de Estados Unidos en Colombia ha sido presentada como un esfuerzo “cooperativo” para combatir al narcotráfico. Sin embargo, vista en perspectiva histórica, esa estrategia ha funcionado más como un mecanismo de intervención, militarización y control territorial, cuyos costos humanos, ambientales y sociales han recaído casi por completo en la población colombiana, sin resolver el problema de fondo: el consumo y el mercado de drogas en el propio territorio estadounidense.
Lejos de reducir de manera sostenida la producción de cocaína, la política impulsada desde Washington ha desplazado cultivos, profundizado conflictos armados locales y debilitado proyectos de soberanía y desarrollo rural, mientras el negocio de las drogas continúa alimentado por la demanda del norte.
Plan Colombia: militarización con sello antidrogas
El punto de inflexión fue el llamado Plan Colombia, lanzado a finales de los años noventa y financiado mayoritariamente por Estados Unidos. Bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico, el plan combinó asistencia militar, entrenamiento de fuerzas de seguridad, inteligencia y erradicación forzada de cultivos, en un contexto marcado por el conflicto armado interno.
En la práctica, la “guerra contra las drogas” se fusionó con la lógica contrainsurgente. Comunidades campesinas quedaron atrapadas entre fumigaciones, operativos militares y grupos armados, mientras la política de aspersión aérea con herbicidas destruyó cosechas legales, contaminó suelos y ríos y provocó desplazamientos masivos. Todo ello sin ofrecer alternativas reales de ingreso ni desarrollo.
Estados Unidos exigía resultados medidos en hectáreas erradicadas y toneladas incautadas, no en bienestar social. El mensaje fue claro: cumplir con indicadores impuestos desde Washington importaba más que proteger la vida rural colombiana. El resultado fue el llamado “efecto globo”: los cultivos no desaparecieron, solo se movieron a nuevas regiones, muchas de ellas ambientalmente más frágiles.
El doble discurso: represión en el sur, consumo en el norte
Una de las mayores contradicciones de la política estadounidense es que externaliza la violencia. Mientras en Colombia se militarizan territorios y se criminaliza a campesinos pobres, en Estados Unidos el consumo de drogas se mantiene alto y el sistema financiero absorbe sin mayores consecuencias los flujos de dinero ilícito.
La estrategia antidrogas nunca se centró seriamente en reducir la demanda, regular mercados o combatir el lavado de dinero a gran escala. En cambio, insistió en una visión punitiva hacia los países productores, reproduciendo una relación desigual: el sur pone los muertos, el norte mantiene el negocio.
Incluso cuando Colombia suspendió la aspersión aérea en 2015 por razones de salud y derechos humanos, Washington volvió a presionar para reactivarla —ahora con nuevas tecnologías— sin asumir responsabilidad por los daños históricos. La lógica no cambió: más control, más fuerza, menos soberanía.
Una lección pendiente para América Latina
La experiencia colombiana deja una enseñanza clara para México y la región: la guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos no es una política de salud ni de paz, sino una estrategia geopolítica que ha fracasado en su propio objetivo declarado.
Cuestionar este modelo no significa negar el problema del narcotráfico, sino rechazar una receta que ha profundizado la violencia, debilitado al Estado social y subordinado decisiones nacionales a intereses externos. Mientras no se rompa con esa lógica, la “guerra contra las drogas” seguirá siendo, para América Latina, una guerra contra sus propios pueblos.
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